El STF entra en la lógica de la guerra de facciones institucionales
Decisiones que neutralizan decisiones, disputas por competencia y atajos procesales transforman la recta final de la elección en un conflicto sobre quién puede decidir quién puede hablar
Fernando Fagundes Ferreira ·
La recta final de las elecciones de 2026 encontró al Supremo Tribunal Federal y al Tribunal Superior Electoral sumergidos en una disputa que ya supera divergencias jurídicas puntuales. Decisiones individuales son revisadas por otras decisiones individuales, las competencias empiezan a ser cuestionadas, se activan nuevas vías procesales y la propia distribución de los casos entra en el centro del conflicto.
El episodio más reciente comenzó en la Justicia Electoral. El ministro André Mendonça, actuando en el TSE, determinó el retiro de 1.125 publicaciones relacionadas con la controversia sobre Nuestra Señora Aparecida y el candidato a la Presidencia Flávio Bolsonaro. Entre los contenidos afectados estaba una publicación del humorista Antonio Tabet.
Tabet recurrió al Supremo. El ministro Flávio Dino entendió que no había grado suficiente de certeza sobre la ilicitud de la manifestación para justificar una restricción tan intensa a la libertad de expresión y determinó el restablecimiento de la publicación, extendiendo la decisión a las demás publicaciones retiradas por el mismo fundamento.
La controversia podría haber permanecido dentro del conflicto conocido entre libertad de expresión y combate a la desinformación electoral. No permaneció.
Al día siguiente, el presidente del TSE, ministro Kassio Nunes Marques, envió un oficio al presidente del STF, Edson Fachin, alertando sobre el riesgo de superposición entre las competencias de las dos Cortes y pidiendo providencias sobre la distribución de peticiones urgentes relacionadas con las Elecciones de 2026.
A partir de ahí, Nuestra Señora Aparecida deja de ser el centro de la historia.
La cuestión pasa a ser otra: ¿quién controla al controlador electoral?
El copydesk ganó un copydesk
Lawfare4All ya venía llamando la atención sobre un riesgo producido por la creciente intervención judicial sobre el discurso electoral: la transformación de la Justicia Electoral en una especie de copydesk de las campañas.
La expresión no significa que el TSE no pueda actuar contra ilícitos electorales. El problema aparece cuando la función jurisdiccional comienza a acercarse a una función editorial, decidiendo no solo sobre conductas claramente ilícitas, sino también sobre interpretación, contexto, sátira, encuadre discursivo y permanencia de contenidos en el debate público.
Ahora surgió una segunda capa. Si la Justicia Electoral decide qué puede permanecer en el debate político, el STF pasa a decidir cuándo esas decisiones de la Justicia Electoral pueden permanecer.
El copydesk ganó un copydesk.
Y la disputa sobre quién puede hablar se transforma en disputa sobre quién puede decidir quién puede hablar.
El problema sube un piso
El punto más relevante del oficio de Kassio no es una defensa abstracta de la autonomía de la Justicia Electoral. El presidente del TSE manifiesta preocupación por el uso de reclamaciones constitucionales y decisiones urgentes del STF como caminos capaces de interferir directamente en decisiones electorales aún durante la campaña.
La discusión no es si el Supremo posee poder de control constitucional sobre decisiones de la Justicia Electoral. Lo posee.
La cuestión es qué sucede cuando ese control pasa a ser ejercido, en plena elección, por decisiones individuales capaces de producir efectos inmediatos sobre aquello que circula o deja de circular en el debate público.
Las elecciones operan bajo un reloj que no se detiene mientras los tribunales discuten competencia. Una publicación retirada hoy y restablecida después de la votación no produce el mismo efecto. Una manifestación autorizada ahora y considerada ilícita semanas después tampoco.
En el proceso electoral, el tiempo forma parte del derecho.
Autofagia institucional
Hay una ironía difícil de ignorar.
La Justicia Electoral reivindica margen de decisión para controlar propaganda, contenidos y desinformación. Al mismo tiempo, su presidente pide protección contra lo que considera interferencia excesiva del Supremo en la revisión de esas decisiones.
El sistema comienza, así, a experimentar internamente un problema semejante al que produce externamente.
Primero, un tribunal decide si determinado discurso puede circular. Después, otro tribunal decide si el primer tribunal podía impedir que ese discurso circulara. A continuación, la controversia avanza hacia competencia, prevención y distribución.
Es en este punto donde la metáfora de la guerra de facciones institucionales cobra sentido: no como afirmación de que existan grupos organizados dentro del Supremo, sino como descripción de una dinámica en la que diferentes núcleos del sistema pasan a utilizar instrumentos procesales para bloquear, revisar o limitar decisiones unos de otros.
La guerra, en este caso, es procesal.
El sistema experimenta el propio remedio
El episodio de Nuestra Señora Aparecida comenzó como discusión sobre desinformación electoral, se convirtió en debate sobre libertad de expresión, avanzó hacia un conflicto de competencia y ahora alcanza la propia forma en que los procesos llegan a los ministros del Supremo.
Esa progresión quizás sea más importante que el contenido original de las publicaciones.
Durante años, el debate brasileño se concentró en hasta dónde podrían avanzar los tribunales para proteger la democracia, las elecciones y las instituciones. Ahora surge una pregunta diferente: ¿quién controla esos mecanismos cuando empiezan a ser usados dentro del propio sistema de control?
La respuesta no debería depender de qué ministro tomó la decisión que nos gusta, ni de qué candidato fue beneficiado o perjudicado en determinado episodio.
Porque los instrumentos excepcionales rara vez permanecen como propiedad exclusiva de quien los creó.
Más temprano o más tarde, circulan.
Y el sistema comienza a experimentar el propio remedio.