Los auditores que no auditarían nada

Fernando Fagundes Ferreira · 2026-07-26

Hay algo deliberadamente teatral en el intento del gobierno de Donald Trump de enviar a Brasil a dos integrantes del Departamento de Estado, en vísperas de la elección presidencial, para conversar sobre "integridad electoral", libertad de expresión y libertad religiosa. Riley M. Barnes y Samuel Samson pretendían permanecer en Brasilia entre el 27 y el 30 de julio, reuniéndose con autoridades públicas, líderes religiosos y representantes de la sociedad civil. El Departamento de Estado presentó el viaje como una actividad rutinaria. Sin embargo, las autoridades brasileñas interpretaron la misión como un intento de interferir en el proceso electoral y sembrar dudas sobre la fiabilidad de las urnas electrónicas. Itamaraty negó las visas.

La negativa puede ser jurídicamente comprendida como ejercicio de soberanía. Ningún país está obligado a recibir agentes extranjeros que considere involucrados en una operación de injerencia política. El problema comienza al observar no solo la legalidad formal de la decisión, sino su eficacia narrativa. El gobierno brasileño impidió la entrada de los visitantes, pero no impidió la narrativa que los acompañaba. Al contrario: le dio una forma aún más simple, emocional y fácilmente reproducible.

"Si las urnas son seguras, ¿por qué impedir que sean investigadas?"

La pregunta es engañosa, pero tiene una enorme capacidad de circulación. Presupone que los dos funcionarios estadounidenses vendrían a Brasil equipados para realizar una auditoría técnica, que encontrarían puertas abiertas para examinar urnas, acceder a sistemas, probar equipos o producir una verificación independiente del resultado electoral. Nada de eso estaba previsto. Eran agentes políticos de un gobierno extranjero, no peritos electorales acreditados, investigadores inscritos en pruebas de seguridad o integrantes de una misión internacional de observación formalmente reconocida.

No auditarían ninguna urna. No tendrían competencia para recoger equipos, acceder libremente a códigos, reproducir el ambiente operativo de la Justicia Electoral o conducir una investigación autónoma. Como máximo, podrían conversar, formular cuestionamientos, reunir interlocutores, conceder entrevistas y producir declaraciones diplomáticas empaquetadas por la expresión "integridad electoral". El viaje habría tenido mucha más utilidad como operación política y comunicacional que como examen técnico.

Los emisarios de Trump no auditarían nada. Pero el impedimento permite que finjan que podrían haber auditado.

El propio modelo brasileño de fiscalización electoral hace inevitable esta conclusión. Existen procedimientos formales de inspección, auditoría, verificación de boletines, pruebas de integridad y acceso de entidades fiscalizadoras. El Tribunal de Cuentas de la Unión realizó auditorías en varias etapas y declaró no haber encontrado divergencias capaces de comprometer la votación de 2022. También afirmó que sus auditores no enfrentaron obstáculos para acceder a informaciones, sistemas, contratos, códigos o algoritmos custodiados por la Justicia Electoral.

Esto no cierra la discusión sobre la calidad epistemológica de estas auditorías. El hecho de que existan mecanismos de fiscalización no significa que todas las modalidades ofrezcan una verificación independiente, irrestricta y adversaria. Una parte relevante de las pruebas ocurre en calendarios, instalaciones, equipos y condiciones definidos por la propia autoridad electoral. La resolución aplicable a las elecciones de 2026 describe expresamente una modalidad de la prueba de integridad realizada en "ambiente controlado".

Hay, por lo tanto, una distinción que el discurso público suele esconder: la auditabilidad institucional no es necesariamente lo mismo que la verificabilidad pública independiente.

La Justicia Electoral administra el proceso, define protocolos, acredita participantes, preserva equipos, organiza las pruebas y establece los límites de acceso. El TCU es un órgano externo al TSE y realizó una fiscalización institucional relevante, pero aún dentro del arreglo estatal previsto para el sistema. Esto puede producir un alto grado de confianza administrativa y, simultáneamente, no satisfacer a quienes defienden una auditoría electoral plenamente adversaria, reproducible fuera de la estructura del órgano fiscalizado o apoyada en evidencia física directamente verificable por el elector.

Reconocer esta diferencia no comprueba fraude, no autoriza acusaciones sin evidencias y tampoco transforma a cualquier emisario extranjero en fiscal legítimo de la soberanía popular brasileña. Solo impide que la defensa de las urnas dependa de la afirmación simplificadora de que todo procedimiento llamado auditoría posee el mismo alcance, la misma independencia y la misma capacidad de demostrar el resultado.

Es justamente en esa zona de ambigüedad donde el sabotaje político encuentra su terreno más fértil.

La misión estadounidense no necesitaba descubrir un fraude. Probablemente ni siquiera necesitaba formular una acusación técnicamente coherente. Bastaba con producir la atmósfera de que autoridades extranjeras estaban "preocupadas", realizar encuentros con grupos previamente movilizados contra el sistema y ofrecer a la campaña de Flávio Bolsonaro imágenes de reconocimiento internacional. El contenido podría ser vago. La escenificación haría el resto.

El método del sabotaje contemporáneo rara vez exige destruir materialmente una institución. Es suficiente degradar el vínculo de confianza que permite a la institución funcionar. No es necesario probar que la urna contabilizó votos incorrectamente. Basta con desplazar la discusión de la evidencia a la sospecha, de la demostración a la pregunta insinuante y de la técnica a la identidad política de quien cree o desacredita.

Reuters informó que las autoridades brasileñas consideraron el viaje parte de un intento de influir en la elección y explotar políticamente las dudas sobre el sistema electrónico. El contexto incluía nuevas manifestaciones de Flávio Bolsonaro sobre las urnas y un pedido para que gobiernos extranjeros enviaran observadores. En un encuentro con diplomáticos, también atribuyó incorrectamente la fabricación de las urnas brasileñas a Smartmatic, alegación negada tanto por la empresa como por la Justicia Electoral.

La semejanza con la reunión promovida por Jair Bolsonaro con embajadores en 2022 no es accidental. En aquella ocasión, la presencia diplomática fue utilizada como escenario para conferir solemnidad internacional a acusaciones sin comprobación. Ahora, el vector sería invertido: en lugar de un presidente brasileño convocar a diplomáticos extranjeros, representantes de un gobierno extranjero visitarían el país bajo el marco de defensa de la integridad electoral.

El recurso simbólico es poderoso. La sospecha deja de parecer solo doméstica y pasa a llevar el sello de una potencia extranjera. El cuestionamiento electoral es presentado no como estrategia de campaña, sino como preocupación internacional por la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión. El lenguaje universalista funciona como envoltorio para una operación profundamente localizada: favorecer una fuerza política brasileña alineada con el gobierno que envía a los emisarios.

Esta es una dimensión claramente lawfare. El lawfare no se limita al uso de procesos judiciales contra adversarios. Puede movilizar instituciones, normas, autoridades y vocabularios legítimos para producir efectos políticos que sobrepasan su finalidad declarada. "Democracia", "derechos humanos", "libertad religiosa" e "integridad electoral" son expresiones normativamente valiosas. Sin embargo, pueden ser instrumentalizadas para conferir apariencia jurídica y moral a una acción destinada a interferir en la correlación de fuerzas de otro país.

La operación no necesita producir una decisión judicial. Basta con preparar el terreno narrativo para futuros conflictos jurídicos. Las sospechas sobre las urnas pueden justificar pedidos de investigación, acciones electorales, movilizaciones contra la diplomación, campañas por la anulación del resultado o presión internacional sobre instituciones brasileñas. La desinformación antecede el litigio; el litigio convierte la desinformación en controversia institucional; la controversia es entonces utilizada como prueba de que había algo que investigar desde el principio.

El sabotaje opera en espiral.

Primero se lanza una duda sin evidencia suficiente. Después se exige que la institución pruebe de manera absoluta su inexistencia. Como ningún sistema complejo logra demostrar su infalibilidad metafísica, cualquier limitación de la respuesta es presentada como confirmación de la sospecha. Si la autoridad responde, se dice que está a la defensiva. Si ignora, se afirma que no tiene explicación. Si permite la provocación, el evento genera imágenes y titulares. Si impide, se acusa censura y miedo a la fiscalización.

Fue exactamente esa trampa la que enfrentó Itamaraty.

Permitir la entrada podría facilitar una operación de deslegitimación patrocinada por un gobierno extranjero. Negar las visas, sin embargo, produce el efecto inverso: los emisarios dejan de necesitar demostrar cualquier calificación técnica o presentar una pregunta consistente. Se transforman inmediatamente en observadores impedidos de observar, investigadores impedidos de investigar y defensores de la democracia censurados por un gobierno supuestamente receloso.

El intento de sabotaje gana una víctima.

Esa es la paradoja democrática central del episodio. La soberanía necesita proteger el proceso electoral contra interferencias externas, pero el acto de protección puede ser explotado como evidencia de aquello que se pretendía negar. La democracia necesita autoridad para impedir agresiones, pero el ejercicio de esa autoridad, cuando no va acompañado de una estrategia comunicacional suficientemente transparente, puede alimentar el discurso autoritario de que existe algo escondido detrás de la protección institucional.

No basta con estar jurídicamente en lo cierto. Es necesario considerar cómo la decisión será comprendida, apropiada y distorsionada en el espacio público.

Una respuesta más inteligente podría haber sido someter la visita a una transparencia casi embarazosa. El gobierno podría autorizar la entrada, hacer pública la agenda, exigir la identificación de los interlocutores, registrar institucionalmente las reuniones y aclarar previamente que los visitantes no poseían ninguna competencia de auditoría. Toda pregunta técnica podría ser enviada por escrito al TSE y respondida con documentación pública. Eventuales acusaciones serían acompañadas de la exigencia de evidencias verificables.

La provocación perdería parte de su fuerza al ser obligada a abandonar la insinuación y entrar en el terreno de la demostración.

En caso de que los emisarios presentaran dudas legítimas, el país podría responderlas. En caso de que repitieran alegaciones falsas o políticamente orientadas, la operación quedaría documentada. En lugar de dos personajes impedidos de hablar, tendríamos dos agentes extranjeros obligados a revelar, ante la opinión pública, el contenido efectivo de su misión.

Esto no significa ingenuidad diplomática. Transparencia no es sumisión. Recibir a alguien no significa reconocer su autoridad, aceptar sus premisas o abrir sistemas sensibles. Significa quitarle al provocador la posibilidad de controlar solo la historia que será contada.

Itamaraty eligió proteger la frontera territorial. No está claro si protegió la frontera narrativa.

La dimensión del sabotaje se vuelve aún más visible porque los visitantes, por lo visto, no necesitaban alcanzar ningún resultado institucional concreto. Bastaría con generar una crisis. Una misión de esta naturaleza puede ser exitosa incluso cuando fracasa formalmente. Si entra al país, produce tensión y titulares. Si es impedida, produce denuncia de censura. Si encuentra autoridades, reivindica reconocimiento. Si no las encuentra, afirma falta de diálogo. Su objetivo no es resolver un problema electoral, sino transformar la confianza pública en un campo de batalla.

Por eso, la expresión "vinieron a investigar las urnas" debe usarse con cautela. Concede a los emisarios una capacidad que nunca poseyeron y dignifica como investigación aquello que probablemente sería solo presión política. Lo más preciso es decir que vendrían a performar preocupación, a reunir interlocutores, a producir incomodidad y a fortalecer una narrativa electoral previamente existente.

Y tal vez vinieran, en la traducción más honesta posible, solo a molestar institucionalmente.

Pero incluso la incomodidad tiene método.

Dentro de las dimensiones lawfare, la persecución aparece en la selección de un objetivo institucional —el sistema electoral brasileño— presentado como sospechoso antes de cualquier nueva evidencia. La desinformación aparece en la circulación de alegaciones falsas o técnicamente distorsionadas sobre fabricantes, auditabilidad y seguridad. La ideología organiza la lectura del proceso: los resultados favorables son legítimos; las derrotas de aliados pasan a ser un producto probable de manipulación. La teoría de juegos revela una estrategia en la que cualquier reacción brasileña puede convertirse en ventaja. El encuadre geopolítico transforma la democracia brasileña en un territorio de disputa entre proyectos internacionales de poder. Y el sabotaje conecta todas esas dimensiones, porque el objetivo práctico es reducir la capacidad de las instituciones de producir confianza, aceptar resultados y cerrar el conflicto electoral.

El sabotaje no necesita convencer a toda la población. Solo necesita fabricar una minoría suficientemente movilizada para hacer cualquier resultado cuestionable.

Cuando la confianza electoral se convierte en identidad partidista, la evidencia deja de circular entre campos. Cada documento es considerado legítimo solo por quien ya confía en su fuente. Las auditorías institucionales son aceptadas por los defensores del sistema y rechazadas por los opositores como fiscalizaciones controladas. Las críticas técnicas son recibidas como golpismo por unos y como revelación censurada por otros. El espacio común necesario para decidir una elección desaparece.

A partir de ahí, ya no existe un resultado; existen solo versiones concurrentes apoyadas por fuerzas políticas desiguales.

Este es el daño más profundo. Una democracia no depende de creer que sus instituciones son perfectas. Depende de poseer mecanismos compartidos para identificar errores, corregirlos y aceptar provisionalmente decisiones producidas según reglas conocidas. La crítica es indispensable, pero debe estar vinculada a criterios de prueba. Sin esa vinculación, la duda deja de ser un instrumento de control y pasa a ser tecnología de destrucción.

El gobierno brasileño tenía razones para desconfiar de la misión. El historial político, el momento electoral, la proximidad del gobierno de Trump con la familia Bolsonaro y el contenido previsto de la agenda formaban un conjunto suficientemente preocupante. La negativa de las visas, por lo tanto, no puede ser tratada simplemente como un acto arbitrario o una confesión de miedo.

Sin embargo, una democracia segura no debería necesitar elegir entre permitir una provocación descontrolada y producir el mártir que la provocación deseaba.

El episodio evidencia una falla de imaginación institucional. Entre la sumisión y la prohibición existe la posibilidad de exposición pública, encuadre jurídico, transparencia radical y respuesta técnica adversaria. Al no ocupar este espacio, el gobierno brasileño permitió que la decisión fuera inmediatamente absorbida por la lógica binaria de la polarización.

Los emisarios de Trump no auditarían nada. Pero el impedimento permite que finjan que podrían haber auditado.

No poseían autoridad técnica. Pero pueden presentar la negativa como recelo de su autoridad.

No demostraron fraude alguno. Pero pueden sugerir que fueron impedidos justamente para que no lo demostraran.

Ese es el triunfo paradójico del sabotaje: transformar la ausencia de prueba en prueba de la existencia de algo oculto.

El gobierno brasileño impidió que dos agentes extranjeros cruzaran la frontera. No logró, sin embargo, impedir que la narrativa que traían entrara antes que ellos. Quizás hasta selló su pasaporte.

Al final, el episodio no revela solo una disputa sobre urnas electrónicas. Revela una batalla sobre quién posee el derecho de formular preguntas, quién define los criterios de respuesta y quién controla el significado público del silencio. El gobierno brasileño impidió que dos agentes extranjeros cruzaran la frontera. No logró, sin embargo, impedir que la narrativa que traían entrara antes que ellos.

Quizás hasta selló su pasaporte.

Dimensiones de lawfare identificadas

• Persecución — Selección del sistema electoral brasileño como objetivo institucional presentado como sospechoso antes de cualquier evidencia nueva.
• Desinformación — Circulación de alegaciones falsas o técnicamente distorsionadas sobre fabricantes, auditabilidad y seguridad de las urnas.
• Teoría de Juegos — Estrategia en la que cualquier reacción brasileña —permitir, impedir, responder o silenciar— puede convertirse en ventaja narrativa.
• Ideología — Lectura sesgada del proceso: los resultados favorables son legítimos; las derrotas de aliados son tratadas como producto probable de manipulación.
• Geopolítica — Encuadre que transforma la democracia brasileña en territorio de disputa entre proyectos internacionales de poder.
• Sabotaje (destacado) — Uso coordinado de la sospecha, la provocación diplomática y la ambigüedad institucional para reducir la confianza pública en el proceso electoral, independientemente de la existencia de evidencia concreta de fraude.

Fuentes y documentos consultados

• Reuters — "Brazil officials say visa requests denied to Trump officials ahead of election" — 25 July 2026
• Associated Press — "Brazil's government denies visas to US officials over upcoming elections" — 25 July 2026
• Tribunal Superior Eleitoral — Resolución nº 23.758, de 2 de marzo de 2026 — alteraciones en los procedimientos de fiscalización y auditoría del sistema electrónico de votación
• Tribunal Superior Eleitoral — Resolución nº 23.673, de 14 de diciembre de 2021 — procedimientos de fiscalización y auditoría del sistema electrónico de votación
• Tribunal de Cuentas de la Unión — "Sistemática de la votación electrónica brasileña" — informe de fiscalizaciones en políticas y programas de gobierno
• Tribunal de Cuentas de la Unión — "TCU completa auditoría en el sistema electoral brasileño" — 21 de diciembre de 2023
• Tribunal de Cuentas de la Unión — "TCU manifiesta total confianza en las instituciones electorales y en el sistema de votación del país" — 19 de julio de 2022
• Tribunal de Cuentas de la Unión — Panel de Evaluación de la Integridad de los Boletines de Urna en las Elecciones Generales de 2022

*Este artículo distingue hechos documentados, posiciones oficiales e inferencias analíticas. La interpretación sobre la finalidad predominantemente política y comunicacional de la misión es una conclusión del autor basada en el contexto y en las informaciones públicamente disponibles, y no una finalidad formalmente admitida por el gobierno de los Estados Unidos.*