Libertad de expresión para mí. Libertad bajo investigación para ti.
La campaña de Flávio Bolsonaro pide al TSE la eliminación de 221 publicaciones, la suspensión de 32 perfiles y restricciones preventivas al debate electoral. La libertad que el bolsonarismo reivindica como principio universal parece haber encontrado una excepción bastante conveniente: la expresión de sus adversarios.
Lawfare4All Editorial ·
Hay algo extraordinariamente brasileño en la capacidad de ciertos actores políticos de denunciar la censura mientras preparan, cuidadosamente, una lista de personas a las que les gustaría ver impedidas de expresarse.
Flávio Bolsonaro acaba de ofrecer una contribución particularmente elocuente a esa tradición.
El candidato que acusa sistemáticamente a la Justicia de perseguir la libertad de expresión recurrió al Tribunal Superior Electoral (TSE) para solicitar medidas contra una extensa red de perfiles críticos con su candidatura. No se trata solo de pedir el retiro de una publicación específica comprobadamente ilícita. La iniciativa incluye la suspensión temporal de cuentas, la eliminación de cientos de publicaciones y restricciones a la circulación futura de determinados contenidos políticos.
La libertad de expresión sigue siendo sagrada, naturalmente. El problema parece comenzar en el momento en que alguien decide ejercerla contra Flávio Bolsonaro.
El menú de la libertad vigilada
Según información divulgada por CNN Brasil, la acción presentada el 8 de octubre pide la eliminación de 221 publicaciones de Instagram, la suspensión temporal de 32 perfiles vinculados al campo político de Lula y la imposición de restricciones a la publicación de contenidos relacionados con los temas cuestionados por la campaña. La suspensión pretendida se extendería hasta el 26 de octubre, un día después de la segunda vuelta presidencial.
La petición solicita, además, la preservación de datos digitales, la identificación de los responsables de perfiles anónimos y la aplicación de multas que pueden llegar a R$ 100 mil por hora de incumplimiento para los proveedores y R$ 50 mil por publicación para los demás destinatarios de las órdenes.
Y hay más. La misma ofensiva judicial pide la anulación del registro o del diploma de la fórmula Lula-Alckmin y la declaración de inelegibilidad de ambos por ocho años.
La dimensión del pedido merece atención. No estamos ante un simple reclamo sobre un meme ofensivo o una noticia comprobadamente fabricada. Se trata de un intento de intervención judicial sobre una parte relevante de la circulación de información política en la recta final de una elección presidencial.
La Agência Brasil identificó entre los blancos publicaciones de parlamentarios del PT, del colectivo de artistas 342 Artes, de la Central Única dos Trabalhadores (CUT), de Mídia Ninja y de otros simpatizantes de la candidatura adversaria.
Es una lista que atraviesa la política institucional, la organización sindical, la producción cultural y la comunicación independiente.
Curiosamente, justo los espacios donde una democracia debería admitir la más amplia expresión de divergencias.
El delito de interpretar al candidato
Tal vez el elemento más revelador esté en la clasificación de los contenidos cuestionados.
De acuerdo con los datos de la petición presentados por CNN, la campaña examinó 2.856 publicaciones de 146 perfiles, realizadas entre el 5 y el 7 de octubre. De ese universo, seleccionó inicialmente 218 publicaciones para su eliminación: 24 clasificadas como falsas y otras 194 como descontextualizadas sin confirmación. Añadió tres publicaciones anteriores, hasta llegar al total de 221.
Por lo tanto, según la clasificación presentada en el reportaje, 196 de las 221 publicaciones cuestionadas no aparecen en la categoría de falsedad propiamente dicha, sino en la de descontextualización sin confirmación.
Eso no significa que sean automáticamente lícitas. Significa, sin embargo, que la campaña pretende obtener medidas restrictivas amplias sobre un conjunto de manifestaciones cuyo encuadre depende, en gran medida, de disputas de contexto e interpretación.
Uno de los ejemplos relatados involucra declaraciones del propio Flávio Bolsonaro sobre su intención de utilizar una eventual mayoría parlamentaria para reformar la Constitución. Perfiles adversarios interpretaron la frase como señal de una posible ruptura democrática, utilizando expresiones como golpe y dictadura.
La campaña considera esa circulación una operación coordinada de desinformación.
Pero hay una pregunta anterior a cualquier decisión judicial: ¿interpretar políticamente la declaración de un candidato, aunque sea de manera dura, exagerada o desfavorable, constituye necesariamente una noticia falsa?
Si un candidato hace una declaración pública, ¿pueden sus adversarios cuestionar sus intenciones? ¿Pueden relacionarla con antecedentes políticos? ¿Pueden advertir al electorado sobre lo que consideran sus posibles consecuencias?
¿O será necesario solicitar autorización judicial para interpretar correctamente el pensamiento de Flávio Bolsonaro?
La democracia no exige que todos estén de acuerdo sobre el significado de las declaraciones de un candidato. Exige precisamente que puedan discrepar.
La nueva modalidad: censura sin censura
La campaña rechaza expresamente la acusación de censura. En una manifestación reproducida por la Agência Brasil, sostiene que las medidas pretendidas no buscan impedir previamente opiniones y que las restricciones estarían delimitadas a narrativas consideradas falsas o descontextualizadas.
Es una defensa que debe registrarse. Recurrir a la Justicia contra contenidos efectivamente ilícitos es un derecho de cualquier candidato, incluido Flávio Bolsonaro.
El problema está en la extensión de las medidas solicitadas.
El retiro individualizado de una publicación comprobadamente ilegal es jurídicamente distinto de la suspensión integral de un perfil o de la imposición de restricciones preventivas a la difusión de nuevas manifestaciones sobre determinados asuntos.
La primera medida puede reparar una violación concreta. Las demás, según su alcance y fundamentación, pueden impedir anticipadamente el ejercicio de derechos por parte de personas y organizaciones que ni siquiera han producido todavía los contenidos futuros alcanzados por la restricción.
El mecanismo es especialmente preocupante durante una campaña electoral, período en que la comunicación política no representa una actividad accesoria, sino una condición del propio proceso democrático.
Una cuenta suspendida hasta después de la votación no recupera, al día siguiente, la oportunidad de participar en el debate que ya terminó.
El tiempo también puede funcionar como instrumento de censura.
La Justicia Electoral como editora del debate público
La periodista Daniela Lima, del UOL, reveló que juristas consultados sobre la acción identificaron un problema que va más allá de la discusión convencional sobre noticias falsas: la posibilidad de transformar a la Justicia Electoral en una instancia de tutela del debate político.
El riesgo es evidente.
Si un candidato logra someter previamente a la apreciación judicial la legitimidad de las interpretaciones producidas por sus adversarios, la controversia deja de resolverse prioritariamente en la esfera pública y pasa a depender de la autorización de una autoridad estatal.
El elector ya no recibe solo argumentos en competencia. Recibe aquello que sobrevivió al filtro judicial.
Esto no significa defender la impunidad para calumnias, fraudes, manipulaciones deliberadas, propaganda irregular o campañas comprobadamente ilícitas. Significa reconocer que la intervención sobre la comunicación electoral debe ser excepcional, fundamentada, proporcional y dirigida a conductas efectivamente demostradas.
Hay una diferencia fundamental entre proteger la elección contra el fraude y proteger a un candidato contra interpretaciones desfavorables.
Confundir esas dos actividades significa atribuir al Estado un poder que ninguna democracia debería conceder con facilidad: el de arbitrar preventivamente los límites de la divergencia política.
El ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator de la acción, solicitó aclaraciones y la individualización de las irregularidades atribuidas a los investigados antes de analizar los pedidos. La exigencia refleja precisamente la necesidad de distinguir alegaciones genéricas de conductas concretamente demostradas.
La concesión de las restricciones no es automática, ni la presentación de la acción prueba las acusaciones formuladas por la campaña.
Lawfare para todos. Libertad para algunos.
El episodio ofrece un ejemplo particularmente didáctico de cómo la judicialización de la política puede producir resultados contrarios a los principios que sus propios protagonistas dicen defender.
Durante años, el bolsonarismo convirtió la libertad de expresión en una de sus principales banderas políticas. Las decisiones judiciales contra sus integrantes fueron presentadas con frecuencia como manifestaciones de autoritarismo, persecución y censura.
Ahora, ante una movilización digital adversaria, la misma corriente política recurre al aparato judicial para solicitar la suspensión de perfiles, la eliminación de contenidos y restricciones preventivas a la manifestación política.
La contradicción no está en acudir al Poder Judicial. Está en reivindicar criterios distintos para situaciones equivalentes, según la identidad política de quien habla y de quien se considera ofendido.
Este es también uno de los mecanismos más conocidos del lawfare: el uso estratégico de los instrumentos jurídicos como parte de la disputa por el poder, con potencial para desplazar la competencia política hacia arenas institucionales capaces de alterar las condiciones en que se desarrolla.
No es necesario presumir la ilegalidad de la acción ni anticipar la decisión del TSE para reconocer el riesgo. Basta examinar la amplitud de los pedidos y sus posibles efectos sobre la participación política.
La democracia no puede depender de la buena voluntad de los candidatos para tolerar la crítica, ni de la conveniencia de las autoridades judiciales para permitir su circulación.
El criterio debe valer por igual para Flávio Bolsonaro, Lula, sus simpatizantes y sus adversarios.
De lo contrario, la libertad de expresión deja de ser una garantía constitucional para convertirse en una concesión selectiva, administrada según las circunstancias electorales.
Y así llegamos a la paradoja brasileña de octubre de 2026: en nombre del combate a la censura, se reivindica el poder de sacar de circulación a los adversarios; en defensa de la democracia, se pide que la Justicia determine anticipadamente qué interpretaciones políticas podrán llegar al elector.
La libertad permanece intocable en el discurso.
En la práctica, basta con llenar la petición, adjuntar la lista de los inconvenientes y esperar la decisión judicial.
Libertad de expresión para mí. Libertad bajo investigación para ti.
El lawfare es para todos. La justicia, no.
Fuentes y referencias
CNN Brasil: Flávio pide al TSE la eliminación de 221 publicaciones de perfiles pro-Lula por fake news (en portugués).
https://www.cnnbrasil.com.br/eleicoes/flavio-pede-ao-tse-remocao-de-221-posts-de-perfis-pro-lula-por-fake-news/
Agência Brasil: La campaña de Flávio acude al TSE contra publicaciones de artistas y diputados (en portugués).
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2026-10/campanha-de-flavio-aciona-tse-contra-posts-de-artistas-e-deputados
UOL: Daniela Lima: Para juristas, la tesis de Flávio no trata de fake news, sino de tutela sobre el debate público (en portugués).
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2026/10/14/dani-lima-dani-lima-para-juristas-tese-de-flavio-nao-trata-de-fake-news-mas-de-tutela-sobre-o-debate-publico.ghtm
Tribunal Superior Electoral (TSE): El TSE ordena aclaraciones antes de analizar los pedidos de Flávio contra Lula y Janones (en portugués).
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Outubro/tse-determina-esclarecimentos-antes-de-analisar-pedidos-de-flavio-contra-lula-e-janones