La Estructura IHRA y la Política de la Incertidumbre en el PL 1424/2026 de Brasil
Fernando Fagundes Ferreira ·
En las democracias contemporáneas, las formas más consecuentes de gobernanza rara vez comienzan con la prohibición. Comienzan con la definición. El PL 1424/2026 (Proyecto de Ley) de Brasil ilustra este cambio con una claridad inusual, mostrando cómo los instrumentos legales y políticos pueden moldear el discurso no a través de restricciones explícitas, sino a través de la estructuración de la propia interpretación. Lo que está en juego no es simplemente el contenido de la ley, sino el ambiente que crea para el habla.
A primera vista, la propuesta parece tener un alcance limitado. No introduce nuevas infracciones penales, ni restringe formalmente la expresión. En cambio, adopta la estructura de la IHRA como referencia institucional para identificar el antisemitismo en la política pública. Sin embargo, esta aparente modestia es precisamente lo que confiere a la propuesta su significado estructural. Las definiciones no describen meramente la realidad; la organizan. Una vez incorporadas en procesos institucionales, comienzan a determinar cómo se atribuye el significado, cómo se clasifican las declaraciones y cómo se activan las respuestas en contextos administrativos y políticos.
Es aquí donde la estructura analítica de Lawfare4all se vuelve esencial. El caso no opera a través de la coerción directa, sino a través de mecanismos en capas que actúan antes de la ejecución. La interpretación reemplaza la prohibición como el principal lugar de poder. El encuadre narrativo moldea la percepción sin requerir distorsión factual. La ambigüedad institucional crea un campo en el que los resultados están preestructurados antes de que se tome cualquier decisión formal. Lo que emerge no es la censura en su forma clásica, sino una reconfiguración de los incentivos en torno al habla.
Desde esta perspectiva, las seis dimensiones de Lawfare4all no son categorías teóricas, son dinámicas operacionales. La persecución no depende de una mira explícita, sino de la posibilidad de interpretación selectiva. La desinformación no exige falsedad, solo encuadre. La teoría de juegos se manifiesta a medida que los actores anticipan cómo las definiciones pueden ser aplicadas y se ajustan en consecuencia. La ideología define los límites de lo que es aceptable. El neoliberalismo aparece en la circulación de estándares normativos globales entre jurisdicciones. Y el sabotaje opera a través de la propia ambigüedad, retrasando la claridad y expandiendo el espacio interpretativo.
En este sentido, el PL 1424/2026 ejemplifica una transformación más amplia en la gobernanza, donde ley, política y narrativa convergen para moldear el discurso indirectamente, sin requerir restricciones formales. En lugar de prohibir formas específicas de expresión, la propuesta establece límites interpretativos que influyen en cómo se evalúa el habla en la práctica. La distinción entre antisemitismo y crítica política —particularmente en relación con el Estado de Israel— permanece formalmente intacta, pero se vuelve cada vez más dependiente de la interpretación institucional. Y cuando la interpretación se convierte en el mecanismo central, la incertidumbre se convierte en el instrumento.
Esta dinámica revela lo que puede describirse como la política de la incertidumbre. El límite del habla ya no se define solo por el texto legal, sino por la expectativa de cómo este texto puede ser aplicado. A medida que la incertidumbre interpretativa se expande, individuos e instituciones comienzan a anticipar riesgos. El lenguaje se recalibra, las posiciones se suavizan y ciertas líneas de crítica se evitan —no porque estén explícitamente prohibidas, sino porque su clasificación se ha vuelto impredecible. El efecto no es la prohibición inmediata, sino el ajuste anticipatorio.
Aquí reside la conexión más profunda con el paradoxo democrático. Las democracias exigen mecanismos para proteger contra la discriminación, sin embargo, esos mismos mecanismos pueden generar condiciones que influyen en la apertura del discurso público. Esta no es una contradicción a resolver, sino una tensión estructural a comprender. El esfuerzo por salvaguardar la inclusión puede, bajo ciertas condiciones, producir ambientes en los que la expresión está condicionada anticipadamente por el riesgo percibido. El paradoxo no reside en el fallo, sino en la coexistencia de imperativos concurrentes dentro del mismo marco institucional.
La controversia en torno al PL 1424/2026 refleja esta tensión. Los defensores enfatizan la protección, la tolerancia y la alineación con estándares internacionales. Los críticos destacan la elasticidad interpretativa y el potencial de exceso. Ambas perspectivas capturan elementos del fenómeno, pero ninguna aborda plenamente su dimensión estructural. La cuestión central no es si la ley restringe el habla, sino cómo reorganiza el campo en el que el habla opera.
Dentro de la perspectiva de Lawfare4all, este caso ilustra cómo la gobernanza contemporánea se extiende más allá de los tribunales y las sanciones. Opera a través de la autoridad definitoria, los procesos institucionales y el encuadre narrativo, moldeando resultados sin la necesidad de coerción explícita. Demuestra cómo el discurso puede ser influenciado no por lo que está prohibido, sino por lo que se vuelve incierto.
Al final, la pregunta más relevante ya no es qué prohíbe abiertamente la ley. Es lo que las estructuras de gobernanza vuelven incierto —y, por lo tanto, arriesgado— decir. Una vez institucionalizada la incertidumbre, el límite del habla ya no es fijo. Se convierte en una línea en movimiento, moldeada por la interpretación, la anticipación y la gestión estratégica del propio significado.
No necesita prohibir el habla. Solo necesita volverla arriesgada.