El Proyecto de Ley de Dosimetría: Entre la Proporcionalidad Penal y la Reconfiguración del Poder en el Sistema de Justicia
Fernando Fagundes Ferreira ·
En democracias contemporáneas, las disputas por poder rara vez se confinan a las arenas tradicionales de la política institucional. Cada vez más, migran hacia las estructuras internas de los sistemas jurídicos, donde conceptos aparentemente técnicos —como la dosimetría de penas— pasan a operar como instrumentos de reconfiguración estructural en el balance entre instituciones. El reciente debate en torno al llamado “proyecto de ley de dosimetría” en Brasil ilustra claramente este movimiento.
A primera vista, la propuesta se presenta como parte de una lógica de racionalización en el sistema penal. La idea de establecer criterios más objetivos para la fijación de penas, reduciendo la arbitrariedad y garantizando mayor previsibilidad, parece alineada a principios clásicos del Estado de Derecho, como la proporcionalidad, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. En un nivel formal, por lo tanto, hace eco de demandas legítimas por mayor consistencia en la toma de decisiones judiciales.
Sin embargo, como a menudo ocurre en ambientes institucionalmente tensos, un análisis puramente normativo resulta insuficiente.
La cuestión central reside no solo en el contenido de la propuesta, sino en el contexto político-institucional en que surge y en los efectos sistémicos que puede producir. En un escenario marcado por una fuerte polarización, judicialización de la política y creciente protagonismo de los tribunales superiores, cualquier alteración en los criterios de dosimetría trasciende el ámbito técnico y pasa a ser una variable estratégica en la dinámica más amplia de poder.
En este punto, el marco analítico de Lawfare4All resulta particularmente útil.
En la dimensión de la persecución, el debate no se estructura necesariamente en torno a casos individuales específicos, sino en torno a una percepción ampliamente difundida —entre ciertos segmentos— de selectividad en la aplicación del derecho penal. La introducción de parámetros de dosimetría más rígidos puede ser interpretada como un intento de limitar márgenes discrecionales que, según algunas lecturas, pueden haber sido aplicadas de forma asimétrica. Aunque tal diagnóstico permanezca contestado, su mera existencia es suficiente para moldear comportamientos políticos.
En la dimensión de la desinformación, el conflicto no gira en torno a datos objetivos, sino en torno a interpretaciones concurrentes de la propuesta. Para algunos, representa un avance civilizatorio hacia la previsibilidad penal; para otros, un intento de cercenar la actuación judicial en casos sensibles. Estas narrativas no se anulan —coexisten y disputan la dominancia, configurando la percepción pública incluso antes de la promulgación de la ley.
Desde la perspectiva de la teoría de juegos, el proyecto de ley de dosimetría altera los incentivos estratégicos entre los poderes. El Legislativo, al proponer límites más claros a la actuación judicial, emite una señal de reequilibrio institucional. El Judicial, a su vez, tiende a reaccionar —aunque implícitamente— a cualquier movimiento que reduzca su discrecionalidad. El Ejecutivo, posicionado dentro de esta dinámica triangular, evalúa los costos y beneficios de apoyar o vetar la propuesta, especialmente en contextos electorales. El resultado es un ambiente de anticipación estratégica, en el que cada actor ajusta el comportamiento no solo al texto de la ley, sino a las reacciones esperadas de los demás.
En la dimensión del neoliberalismo —aquí comprendido como estructura de gobernanza y racionalidad institucional—, la discusión se conecta a una tendencia más amplia de estandarización y tecnificación de las decisiones públicas. La búsqueda de criterios objetivos puede ser vista como un intento de reducir la incertidumbre y hacer el sistema más previsible en su operacionalización. Sin embargo, esa misma estandarización puede reducir el espacio para la interpretación contextual, que es un componente esencial de la función judicial.
La dimensión ideológica permea todo el debate. La dosimetría de la pena no es meramente un ejercicio técnico; refleja concepciones subyacentes de castigo, justicia y papel del Estado. Modelos más rígidos tienden a alinearse con perspectivas que priorizan la seguridad y el control, mientras que modelos más flexibles enfatizan la individualización y los factores contextuales. Así, la disputa en torno al proyecto de ley no es solo sobre método, sino sobre los valores que informan la aplicación del derecho penal.
Es, sin embargo, en la dimensión del sabotaje —comprendida como obstrucción estratégica de la gobernanza— donde el debate adquiere su lectura más sensible. En contextos de alta tensión política, propuestas legislativas que afectan directamente el funcionamiento del sistema de justicia pueden ser interpretadas como intentos de limitar la capacidad operativa de ciertos actores institucionales. Cuando se sitúan en un año electoral, tales movimientos adquieren densidad adicional, pues sus potenciales efectos se proyectan sobre las disputas políticas en curso y la estabilidad más amplia del ambiente institucional.
Es en este entrelazamiento de dimensiones donde emerge el verdadero núcleo de la cuestión.
El proyecto de ley de dosimetría no puede ser comprendido meramente como una reforma técnica del sistema penal. Debe ser leído como parte de un proceso más amplio de renegociación de los límites entre los poderes en una democracia tensionada. La legalidad de la propuesta no está necesariamente en cuestión; lo que está en juego es su papel en la reorganización de las relaciones institucionales.
Aquí, una vez más, el paradoja democrática se manifiesta.
Las instituciones operan en sus competencias formales —el Legislativo legisla, el Ejecutivo evalúa, el Judicial interpreta— y, sin embargo, los resultados pueden producir efectos que trascienden el equilibrio originalmente pretendido. Mecanismos concebidos para mejorar el sistema pueden, en ciertas circunstancias, ser percibidos como instrumentos de disputa política.
El desafío, por lo tanto, no es simplemente aprobar o rechazar la propuesta, sino comprender las condiciones en que opera.
En un ambiente de confianza institucional fragilizada, la introducción de reglas más rígidas puede tanto reforzar la seguridad jurídica como profundizar las percepciones de conflicto y control. El desenlace final dependerá menos del texto de la ley en sí y más de cómo es interpretada, aplicada e incorporada en las narrativas en circulación.
En última instancia, la cuestión no es solo cómo castigar.
Es quién define cómo se hace el castigo —y en qué contexto se da esa definición.