El Paradoxo Antiterrorista: ¿quién define el terror?
Fernando F. Ferreira ·
Cuando Estados Unidos clasifica al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras, el debate público brasileño no puede limitarse a la pregunta más obvia: ¿estas facciones son lo suficientemente violentas para recibir esa calificación? La respuesta, en ese plano, parece casi intuitiva. Son organizaciones brutalmente violentas, territorializadas, transnacionales, financieramente sofisticadas y capaces de desafiar al Estado en diversas frentes.
Pero la pregunta más importante es otra.
¿Qué sucede cuando una potencia extranjera desplaza una cuestión de criminalidad organizada brasileña al lenguaje global del terrorismo?
Ese cambio no es solo semántico. Es jurídico, diplomático, financiero, militar y geopolítico. Al llamar a una facción criminal organización terrorista, no se altera solo el nombre del problema. Se altera el régimen de respuesta. El crimen deja de ser tratado solo como caso policial, investigación financiera, inteligencia criminal, cooperación judicial y reforma penitenciaria. Pasa a ocupar el campo simbólico de la guerra, de la excepcionalidad, de la seguridad nacional y de la amenaza transnacional.
Es en este desplazamiento donde nace el paradoja antiterrorista.
El contexto político de la decisión vuelve el problema aún más sensible. La designación no surgió en un vacío técnico, como un simple acto burocrático de seguridad internacional. Aparece en las noticias asociada a una operación de lobby de la extrema derecha brasileña en Washington, en medio de la disputa electoral brasileña y del intento de transformar la seguridad pública en un activo de presión geopolítica.
Según la prensa internacional, Flávio Bolsonaro estuvo en la Casa Blanca en una reunión con Donald Trump, acompañado por Eduardo Bolsonaro y Paulo Figueiredo, tratando temas como crimen organizado, tarifas y minerales críticos. Pocos días después, el gobierno estadounidense anunció la designación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras. Este encadenamiento no prueba, por sí solo, una relación mecánica de causa y efecto. Pero revela algo políticamente relevante: sectores de la extrema derecha brasileña buscan internacionalizar la agenda de seguridad pública, desplazando el debate interno al centro de la estrategia hemisférica de Washington.
Este es el punto decisivo para Lawfare4All. Cuando actores domésticos recurren a una potencia extranjera para reclasificar jurídicamente problemas internos del propio país, la soberanía deja de ser solo una cuestión diplomática y pasa a ser una cuestión semántica. Quien logra convencer a Washington de nombrar al enemigo también ayuda a definir qué instrumentos serán considerados legítimos para enfrentarlo.
La operación de lobby de la extrema derecha brasileña en la Casa Blanca, por lo tanto, no es solo un detalle entre bastidores. Es parte de la disputa por el marco del conflicto. El crimen organizado brasileño, que debería ser enfrentado por una política nacional robusta de inteligencia financiera, investigación criminal, combate al lavado de dinero, control de armas, reforma institucional y protección territorial de las comunidades vulnerables, pasa a ser presentado como amenaza transnacional en un lenguaje que interesa a la política exterior estadounidense y a la oposición brasileña.
No se trata de negar la gravedad del PCC y del Comando Vermelho. Se trata de preguntar por qué la nominación externa de estas facciones ocurre justamente cuando sectores de la extrema derecha brasileña buscan apoyo político en Washington. La cuestión incómoda no es si estas organizaciones son violentas. Lo son. La cuestión es quién se beneficia cuando su violencia pasa a ser traducida por la semántica antiterrorista de una potencia extranjera.
En este punto, el paradoja democrática se intensifica. Una democracia puede y debe combatir organizaciones criminales violentas. Pero, cuando parte de su élite política busca en el exterior la validación de categorías excepcionales para reorganizar el debate interno, el combate al crimen comienza a mezclarse con la disputa por el poder. La seguridad pública deja de ser solo política de Estado y pasa a ser instrumento de alineamiento geopolítico, polarización electoral y presión institucional.
Brasil tiene razones concretas para combatir al PCC y al Comando Vermelho con máxima seriedad. Estas organizaciones infiltran mercados, controlan territorios, producen miedo, mueven economías ilícitas, corrompen agentes públicos, disputan cadenas logísticas, operan redes financieras y someten a poblaciones vulnerables a regímenes locales de dominación armada. Ignorar esto sería ingenuidad criminológica.
Pero aceptar sin crítica la semántica antiterrorista importada de Estados Unidos también sería ingenuidad democrática.
El problema no está en reconocer la gravedad de las facciones. El problema está en entregar a una potencia extranjera el poder simbólico y jurídico de redefinir la naturaleza del conflicto interno brasileño. Cuando Washington declara que determinada organización brasileña es terrorista, no está solo describiendo una amenaza. Está produciendo una categoría de intervención, sanción, vigilancia y presión.
El lenguaje antiterrorista nunca es neutro. Lleva consigo una arquitectura de excepción.
Después del 11 de Septiembre, el mundo aprendió que el término “terrorismo” no describe solo actos extremos de violencia política. También autoriza regímenes extraordinarios de acción estatal: congelamiento de activos, expansión de vigilancia, cooperación compulsiva, criminalización ampliada de redes, restricciones financieras, presiones diplomáticas, operaciones extraterritoriales y, en ciertos contextos, legitimación de intervenciones militares.
Por eso, la designación del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas debe ser analizada en dos niveles.
En el primer nivel, está el combate real al crimen organizado. Y ese combate es necesario. Las facciones brasileñas hace mucho dejaron de ser estructuras locales de delincuencia urbana. Se convirtieron en organizaciones complejas, con ramificaciones internacionales, capacidad de lavado de dinero, articulación logística y poder de corrosión institucional. En este sentido, la cooperación internacional contra el lavado de dinero, el tráfico de armas, el tráfico de drogas y los flujos financieros ilícitos es indispensable.
En el segundo nivel, sin embargo, está la captura geopolítica del lenguaje de la seguridad. Es aquí donde el tema se vuelve central para Lawfare4All.
La clasificación de facciones brasileñas como organizaciones terroristas puede producir un efecto de lawfare internacional: el uso de categorías jurídicas, financieras y diplomáticas para reordenar relaciones de poder bajo la apariencia de neutralidad técnica. El combate al crimen organizado se convierte también en una disputa sobre jurisdicción, soberanía, narrativa y control político.
La pregunta, por lo tanto, no es si el PCC y el Comando Vermelho son organizaciones peligrosas. Evidentemente lo son. La pregunta es quién gana poder cuando son llamadas terroristas por otro Estado.
La primera dimensión analítica es la persecución. La designación puede ampliar mecanismos de sanción, bloqueo financiero y responsabilización de redes asociadas. Esto puede alcanzar a criminales reales, pero también puede generar zonas grises: empresas, bancos, comunidades, intermediarios, agentes públicos, operadores logísticos e individuos acusados de proximidad indirecta. En contextos políticamente polarizados, las categorías expansivas pueden dejar de ser instrumentos precisos y convertirse en armas de presión selectiva.
La segunda dimensión es la desinformación. La palabra “terrorismo” comprime la complejidad. Transforma fenómenos sociales, económicos, penitenciarios, urbanos y financieros en una imagen moral absoluta. El terrorista no es solo un criminal; es el enemigo máximo. Esta simplificación puede producir apoyo popular inmediato, pero también puede reducir el espacio para políticas públicas inteligentes. El crimen organizado brasileño no será derrotado solo por retórica de guerra. Exige inteligencia financiera, reforma institucional, control de armas, combate a la corrupción, regulación de mercados ilícitos, enfrentamiento del lavado de dinero y reconstrucción de la presencia estatal en territorios abandonados.
La tercera dimensión es la teoría de los juegos. Al transformar al PCC y al Comando Vermelho en organizaciones terroristas, Estados Unidos altera los incentivos de todos los actores. El gobierno brasileño pasa a lidiar con una nueva presión diplomática. La oposición puede explotar el tema electoralmente. Bancos y empresas recalculan riesgos reputacionales. Agencias de seguridad disputan protagonismo. Gobernadores y parlamentarios pueden endurecer discursos. Las facciones pueden adaptar su comunicación, sus redes financieras y sus intermediarios. La clasificación no solo describe el juego: cambia el tablero.
La cuarta dimensión es el neoliberalismo. La guerra contra el terrorismo siempre produjo efectos sobre el sistema financiero global. A partir de ella, bancos, empresas, fintechs, operadores logísticos y plataformas pasan a actuar como brazos indirectos de la seguridad internacional. Compliance, due diligence y monitoreo financiero se convierten en mecanismos de vigilancia transnacional. En teoría, esto puede combatir el lavado de dinero. Pero también puede ampliar la dependencia de países periféricos en relación con las categorías producidas por el centro del sistema financiero global.
La quinta dimensión es la ideología. La palabra “terrorismo” tiene una fuerza casi religiosa en la política contemporánea. Organiza el miedo, moviliza afectos, produce enemigos y legitima medidas excepcionales. En año electoral o en ambiente de alta polarización, su utilización puede desplazar el debate público del campo de la seguridad al campo de la guerra moral. Quien cuestiona los efectos geopolíticos de la designación puede ser acusado de defender criminales. Quien pide soberanía puede ser acusado de complacencia. Quien exige cautela jurídica puede ser tratado como obstáculo a la seguridad.
Esta es una trampa conocida: cuando el lenguaje de la excepción entra en escena, el debate democrático pasa a ser interpretado como debilidad.
La sexta dimensión es el sabotaje. No en el sentido conspiratorio, sino institucional. La designación extranjera puede sabotear la capacidad de Brasil de construir su propia política de seguridad pública y criminalidad organizada. Si el encuadramiento principal pasa a venir de afuera, el país corre el riesgo de responder menos a sus necesidades internas y más a las expectativas estratégicas de Washington. La soberanía penal se desplaza. La agenda nacional pasa a orbitar una gramática externa.
Y aquí entramos en el núcleo del paradoja democrático.
Las democracias necesitan combatir organizaciones violentas. Pero, al hacerlo, pueden importar instrumentos de excepción que corroen la propia democracia que dicen proteger. El combate al crimen organizado puede ser legítimo y necesario. Pero la legitimación de una arquitectura antiterrorista extraterritorial puede abrir camino a la injerencia, la selectividad, la militarización y la reorganización política del miedo.
El paradoja antiterrorista es exactamente este: la democracia invoca la excepción para defenderse, pero la excepción puede transformarse en un método permanente de gobierno.
En el caso brasileño, este riesgo se amplía por la historia latinoamericana. La región conoce bien la diferencia entre cooperación internacional y tutela geopolítica. También conoce el uso de lenguajes nobles —seguridad, libertad, democracia, combate al comunismo, guerra contra las drogas, antiterrorismo— para justificar intervenciones, golpes, bloqueos, operaciones encubiertas, sanciones y alineamientos forzados.
Por eso, la reacción brasileña no puede ser simplista. No se trata de defender al PCC o al Comando Vermelho. Se trata de defender que el combate a estas organizaciones se haga sin entregar la definición estratégica del problema a una potencia extranjera.
El crimen organizado brasileño es un problema de soberanía nacional. Pero justamente por eso no puede convertirse en pretexto para la reducción de la soberanía nacional.
Este punto es esencial.
El Estado brasileño debe cooperar internacionalmente en el combate al lavado de dinero, al tráfico de armas, al tráfico de drogas, a la corrupción y a las redes financieras ilícitas. Debe fortalecer la inteligencia, rastrear flujos patrimoniales, atacar empresas fachada, desmantelar economías criminales, proteger a poblaciones vulnerables y responsabilizar a agentes públicos capturados. Pero debe hacerlo a partir de una estrategia propia, con control democrático, transparencia institucional y responsabilidad constitucional.
La designación estadounidense crea un dilema: puede ofrecer instrumentos útiles de presión financiera contra redes criminales, pero también puede desplazar el centro de gravedad de la política de seguridad brasileña fuera de Brasil.
Es en este punto donde Lawfare4All necesita observar la semántica del poder.
Quien define el terror define también qué violencias serán castigadas, cuáles serán justificadas y cuáles serán llamadas política exterior.
Esa es la pregunta más incómoda.
Si terrorismo es el uso sistemático del miedo para producir sumisión política, ¿por qué la semántica antiterrorista recae casi siempre sobre grupos no estatales, mientras Estados capaces de devastar países, financiar guerras, imponer sanciones letales y producir colapsos sociales permanecen como árbitros legítimos de la definición?
La fuerza de esta pregunta no reside en igualar mecánicamente facciones criminales y Estados. Esa equivalencia sería simplista. Facciones como el PCC y el Comando Vermelho son estructuras criminales violentas y deben ser enfrentadas. El punto es otro: la palabra “terrorismo” opera dentro de una jerarquía global. Raramente se aplica a los actores más poderosos del sistema internacional, incluso cuando sus acciones producen miedo, destrucción, hambre, desplazamientos poblacionales y sumisión política a una escala mucho mayor.
El terrorismo, como categoría jurídica internacional, es selectivo. Su aplicación depende menos de la intensidad del miedo producido y más de la posición del actor dentro del orden global. Grupos armados no estatales entran fácilmente en la semántica de la acusación. Estados poderosos, por el contrario, permanecen en el tribunal de la definición.
Ese es el privilegio soberano de la nominación.
El poder más profundo no es solo el de combatir el terror. Es el de decidir qué será llamado terror.
En este sentido, la decisión de Estados Unidos sobre el PCC y el Comando Vermelho es una oportunidad analítica rara. Obliga a Brasil a discutir simultáneamente crimen organizado, soberanía, seguridad pública, geopolítica, sistema financiero, diplomacia y democracia. Obliga también a preguntar si la importación del lenguaje antiterrorista resuelve el problema o solo desplaza el problema a una zona de excepción más peligrosa.
Brasil necesita enfrentar a sus facciones con rigor. Pero rigor no es sumisión semántica. Cooperación no es tutela. Combate al crimen no es autorización para intervención. Seguridad no es licencia para disolver soberanía.
La verdadera respuesta democrática al crimen organizado debe combinar firmeza penal, inteligencia financiera, reconstrucción institucional, justicia social, control de armas, combate a la corrupción y protección de las comunidades sometidas al dominio armado. Sin eso, la palabra “terrorismo” puede hasta producir titulares fuertes, pero no desmantelará los engranajes que sustentan el poder real de las facciones.
El riesgo es transformar un problema complejo en espectáculo geopolítico.
Y el espectáculo geopolítico raramente protege a los más vulnerables. Generalmente protege narrativas, intereses y estrategias de poder.
La pregunta final, por lo tanto, no es si Brasil debe combatir al PCC y al Comando Vermelho. Debe. La pregunta es si ese combate será conducido por una política democrática de seguridad pública o por una semántica antiterrorista importada, capaz de convertir soberanía en suspicacia, cooperación en presión y crimen organizado en oportunidad de injerencia.
El paradoja antiterrorista comienza exactamente ahí: cuando la democracia acepta combatir el miedo con categorías que también pueden producir miedo; cuando el Estado promete proteger a la sociedad, pero abre espacio para una arquitectura de excepción; cuando la lucha contra organizaciones criminales pasa a depender del lenguaje de una potencia extranjera.
Brasil no necesita elegir entre ingenuidad y sumisión. Puede combatir a sus facciones sin entregar su soberanía. Puede cooperar sin aceptar tutela. Puede perseguir flujos financieros ilícitos sin importar ciegamente la gramática de la guerra global contra el terror.
Porque, al final, quien controla la definición del terror controla también los límites de lo aceptable.
Y una democracia que terceriza esa definición comienza a perder más que su política de seguridad. Comienza a perder la autoridad sobre el propio sentido de su soberanía.
Nota de fuentes: este análisis dialoga con la cobertura de Reuters ("US to designate two Brazilian gangs as 'terrorist organizations,' Rubio says") y de Associated Press sobre la designación estadounidense del PCC y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras, además de la cobertura de AP sobre operaciones del Ministerio Público brasileño contra el crimen organizado, fraudes y redes de lavado de dinero. Las referencias a operaciones de lobby, reuniones en Washington y al contexto político en torno a la designación se presentan como interpretación analítica del registro público noticiado, y no como causalidad comprobada. PCC y Comando Vermelho son aquí descritos como organizaciones criminales violentas que deben ser enfrentadas por el Estado brasileño en el marco del Estado de Derecho.