El “Manual del Adúltero” Contra el Debido Proceso
Fernando Fagundes Ferreira ·
La expresión “manual del adúltero”, usada por Octávio Guedes en GloboNews para comentar la estrategia defensiva de poderosos investigados en Brasil, es comunicacionalmente eficiente porque reduce una discusión jurídica compleja a una imagen moral simple. Según el encuadre presentado, los investigados influyentes habrían aprendido que ya no necesitan probar inocencia: bastaría con contratar buenos abogados procesalistas para encontrar lagunas, anular investigaciones y escapar del enfrentamiento del fondo.
La imagen es fuerte. Pero también es peligrosa.
Al comparar la defensa procesal con una estrategia de adulterio, el análisis desplaza el proceso penal al campo de la culpa presumida. El investigado aparece como alguien ya sorprendido in fraganti, no como alguien sometido a una acusación que debe ser probada por medios lícitos. La defensa deja de ser una garantía constitucional y pasa a ser narrada como astucia. La nulidad deja de ser control de legalidad y pasa a ser tratada como un truco de poderoso.
Este desplazamiento es uno de los mecanismos más sutiles del lawfare comunicacional: no se niega formalmente el derecho de defensa, pero se corroe su legitimidad pública.
La metáfora que anticipa la culpa
El problema central de la metáfora del adulterio es que presupone una escena de culpa anterior. En el imaginario popular, el adúltero no es alguien cuya responsabilidad aún será demostrada; es alguien que ya practicó la conducta y ahora busca escapar de las consecuencias por medio de explicaciones laterales. Al transportar esta imagen al proceso penal, el comentario sugiere que discutir nulidades sería una forma de evitar la verdad.
Pero el proceso penal no funciona como una conversación conyugal. Tampoco funciona como un tribunal de televisión. En un Estado Democrático de Derecho, nadie necesita probar inocencia en público para merecer respeto a las garantías legales. La carga de la prueba recae en el Estado. Y este Estado solo puede acusar, investigar, buscar, incautar, coaccionar y castigar dentro de los límites de la legalidad.
Esta distinción es esencial. Una investigación puede abordar hechos graves y, aun así, contener ilegalidades. Una acusación puede involucrar a personas poderosas y, aun así, estar sometida a control judicial. Un investigado puede ser impopular y, aun así, tener derecho a la defensa técnica. Ninguna de estas garantías desaparece porque el caso es políticamente sensible o mediáticamente atractivo.
Cuando la nulidad se presenta como “laguna”, se entrena al público para ver la legalidad como un obstáculo. Esta es la inversión peligrosa. La pregunta “¿fue legal la investigación?” parece menos legítima que la exigencia “pruebe pronto que es inocente”. La forma, en este encuadre, se convierte en refugio del culpable. El fondo se convierte en un espectáculo moral.
La nulidad no es un truco
Las nulidades procesales no existen para premiar a los criminales. Existen para impedir que el Estado se beneficie de sus propios abusos. Funcionan como mecanismos de contención del poder público, especialmente en materia penal, donde la asimetría entre individuo y Estado es máxima.
Los allanamientos y embargos, la ruptura del secreto, la interceptación, la conducción coercitiva, la prisión preventiva, la colaboración premiada y otras medidas invasivas solo son legítimas cuando obedecen a los requisitos legales y constitucionales. La violación de estos requisitos no es un detalle técnico. Es un problema democrático.
Por eso, la defensa procesal no es un apéndice inferior de la defensa penal. Es parte de la propia arquitectura del debido proceso. Cuestionar la competencia, la fundamentación, la proporcionalidad, la cadena de custodia, la motivación de las decisiones, la amplitud de las órdenes o la legalidad de las pruebas no es huir del fondo. Es discutir si el fondo puede ser formado válidamente.
No hay verdad procesal legítima producida por medios ilegítimos.
La frase puede parecer simple, pero es una de las bases del proceso penal democrático. Un Estado que puede errar el procedimiento sin consecuencias también puede fabricar, contaminar, seleccionar o amplificar pruebas sin control efectivo. Cuando la sociedad acepta que las garantías sean relativizadas en nombre de la eficiencia, la justicia deja de ser institución y se acerca a la venganza organizada.
El caso Jaques Wagner y el encuadre de la defensa
El comentario de Octávio Guedes se hizo en el contexto del caso que involucra al senador Jaques Wagner, blanco de una investigación relacionada con el Banco Master. Según la cobertura periodística disponible, la defensa del senador solicitó al Supremo Tribunal Federal la anulación de los allanamientos de la Policía Federal, argumentando que él no habría actuado en favor del Banco Master. La defensa también sostuvo que parte de los valores cuestionados tendría origen en viáticos oficiales del Senado y otra parte habría sido adquirida en operaciones formales junto a una institución financiera.
Otros medios noticiaron que los abogados señalaron “errores graves” en la decisión que autorizó la medida y negaron la actuación del senador para beneficiar al Banco Master. También se informó que la defensa pidió la anulación del allanamiento y embargo y sostuvo que Wagner nunca actuó en favor del banco.
Nada de esto resuelve, por sí solo, si la defensa tiene razón. Tampoco inocenta ni condena a nadie. El punto es otro: la propia cobertura disponible muestra que la defensa no se limitó a “no probar inocencia” o a buscar una laguna abstracta. Presentó argumentos procesales y también argumentos de fondo. Estos argumentos pueden ser rechazados. Pero no deberían ser previamente descalificados como un truco solo por activar garantías legales.
La falsa oposición entre el fondo y el proceso
La declaración de Octávio Guedes se apoya en una oposición seductora: por un lado, probar la inocencia; por el otro, anular la investigación. La primera actitud sería noble, directa y sustantiva. La segunda sería astuta, lateral y sospechosa.
Pero esta oposición es falsa.
En el proceso penal, el fondo y la forma no son mundos separados. La forma es el camino por el cual el fondo se vuelve jurídicamente confiable. Un mandato mal fundamentado, una búsqueda excesivamente amplia, una prueba recabada fuera de los límites legales o una decisión sin motivación adecuada afectan el propio contenido del proceso. No se trata de una tecnicalidad vacía. Se trata de saber si el Estado respetó las condiciones mínimas para producir una acusación válida.
La defensa puede, al mismo tiempo, negar el hecho, cuestionar la interpretación de la acusación, presentar documentos, impugnar la legalidad de la prueba y pedir la anulación de actos. Ninguna de estas vías es ilegítima. Por el contrario, esta multiplicidad es propia de la defensa técnica.
Exigir que el investigado “pruebe su inocencia” en la televisión, antes o en lugar de discutir la legalidad de la investigación, es invertir el eje del Estado de Derecho. La inocencia no es un premio concedido a quien se explica bien en el debate público. Es una presunción constitucional. La culpa es la que debe ser demostrada, y no solo narrada.
La prensa y la pedagogía de la sospecha
Cuando un comentarista influyente presenta garantías procesales como trucos de poderosos, produce una pedagogía de la sospecha. Enseña al público a desconfiar de la defensa, no del abuso. Enseña a tratar las nulidades como astucia, no como control. Enseña a ver al abogado procesalista como operador de impunidad, no como agente de fiscalización de la legalidad.
Este encuadre es especialmente grave porque dialoga con un imaginario punitivo ya consolidado en Brasil. Durante años, parte de la cobertura criminal trató las garantías como obstáculos al combate a la corrupción. La crítica a la prisión preventiva abusiva se convirtió en defensa de corruptos. La crítica a la fuga selectiva de información se convirtió en protección de criminales. La crítica a la conducción coercitiva ilegal se convirtió en un ataque a la investigación. La crítica a la parcialidad judicial se convirtió en un intento de desmoralizar la Justicia.
La Lava Jato fue el laboratorio más visible de esta inversión. El debido proceso fue frecuentemente presentado como una inconveniencia. El contradictorio se convirtió en una demora. La defensa se convirtió en una chicana. La prensa, en muchos momentos, dejó de fiscalizar el poder punitivo y pasó a amplificar su narrativa.
El resultado fue la naturalización de prácticas que más tarde se mostraron incompatibles con la imparcialidad, la legalidad y la propia credibilidad del sistema de justicia.
Lawfare comunicacional y erosión simbólica de las garantías
El lawfare comunicacional no necesita abolir derechos. Basta con volver socialmente sospechosos esos derechos.
La defensa sigue existiendo en los autos, pero pasa a ser tratada fuera de ellos como una confesión indirecta. La nulidad sigue prevista en el ordenamiento, pero se convierte en sinónimo de astucia. El abogado sigue ejerciendo una función esencial para la Justicia, pero pasa a ser narrado como un especialista en escapar de la verdad. El juez que controla los abusos pasa a ser presentado como alguien que obstaculiza el castigo.
Así es como la legalidad es corroída por dentro.
En lugar de discutir si la decisión judicial fue adecuadamente fundamentada, se pregunta por qué el investigado está “huyendo del fondo”. En lugar de examinar si la búsqueda respetó los límites constitucionales, se pregunta por qué la defensa contrató a procesalistas. En lugar de reconocer que las nulidades protegen a todos los ciudadanos, se sugiere que solo sirven a los poderosos.
La paradoja es evidente: la crítica pretende denunciar privilegios, pero acaba atacando una de las pocas herramientas que también protegen a los vulnerables contra el arbitrio estatal. Si la nulidad se convierte en “laguna” cuando es invocada por poderosos, pronto también será tratada como “laguna” cuando es invocada por pobres, opositores, movimientos sociales, periodistas, sindicalistas o cualquier persona sometida a una persecución abusiva.
Garantías selectivas no son garantías. Son concesiones de humor público.
Poderosos, impunidad y el falso remedio
Está claro que Brasil tiene un problema histórico de impunidad entre poderosos. Sería ingenuo negar que el dinero, la influencia, las conexiones políticas y el acceso a grandes bufetes de abogados producen asimetrías reales en el sistema de justicia. Los poderosos tienen más recursos para defenderse, más capacidad para comunicar su versión, más acceso a instancias superiores y más condiciones para disputar la narrativa pública.
Pero el remedio para esta desigualdad no puede ser la descalificación de las garantías. El camino democrático es ampliar el acceso a una defensa cualificada, fortalecer las defensorías, exigir una fundamentación rigurosa de las decisiones, reducir las selectividades, combatir los abusos policiales y ministeriales, controlar las filtraciones y aplicar la ley de manera igualitaria.
Atacar la defensa procesal porque los poderosos pueden utilizarla es como atacar el habeas corpus porque los ricos también interponen habeas corpus. La conclusión es errónea. El problema no es la existencia de la garantía. El problema es la desigualdad de acceso a ella.
Cuando la prensa transforma las garantías en un escudo para los culpables, no democratiza el sistema penal. Refuerza la cultura del atajo. Y el atajo punitivo, tarde o temprano, siempre encuentra objetivos más frágiles.
La pregunta que no puede desaparecer
La pregunta decisiva en cualquier investigación penal no es solo “¿es culpable el investigado?”. Antes de eso, hay otra pregunta: “¿el Estado respetó la legalidad para investigar?”.
Esta pregunta no es secundaria. No es lateral. No es un truco. Es la condición que separa el proceso de la persecución, la prueba de la narrativa, la Justicia del espectáculo.
El caso Jaques Wagner aún será analizado por las instancias competentes. Las alegaciones de la Policía Federal, de la Fiscalía, de la defensa y de las autoridades judiciales deben ser examinadas con rigor. Pero el debate público no necesita —y no debería— aceptar la idea de que cuestionar la legalidad de una medida invasiva equivale a seguir un “manual del adúltero”.
La metáfora puede servir para la televisión. Puede generar indignación. Puede simplificar el caso en pocos segundos. Pero las simplificaciones morales son peligrosas cuando sustituyen las garantías constitucionales.
Al final, la verdadera prueba democrática no es exigir que todo investigado pruebe su inocencia ante las cámaras. La prueba es garantizar que el Estado pruebe la culpa dentro de la ley.
Y eso nunca será una laguna.