El increíble ejército de Brancaleone
La República no es un feudo
Lawfare4All Editorial ·
En 1966, Mario Monicelli presentó al mundo una de las sátiras más extraordinarias del cine italiano. En El increíble ejército de Brancaleone (L'armata Brancaleone), Vittorio Gassman interpreta a un caballero convencido de su grandeza, que reúne una tropa improvisada para conquistar un feudo. La expedición acumula pretensiones heroicas, conflictos jerárquicos, desencuentros y sucesivos encuentros con el ridículo.
Sesenta años después, la Justicia Electoral brasileña parece ofrecer una adaptación involuntaria de la obra.
Cambiaron los vestuarios, las armaduras dieron paso a las togas y los caballos fueron sustituidos por autos oficiales. La confusión en torno al mando, sin embargo, sigue siendo cinematográficamente reconocible.
En el papel de nuestro Brancaleone, por licencia de la sátira, Kassio Nunes Marques, ministro designado al Supremo Tribunal Federal (STF) por Jair Bolsonaro y actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Es una asociación que cobra particular significado ante la disputa presidencial entre Lula y Flávio Bolsonaro, especialmente porque decisiones del presidente del TSE pasaron a ser objeto de cuestionamientos públicos sobre sus efectos en la competencia electoral.
El origen de una designación al Supremo, evidentemente, no determina la orientación futura del magistrado, y mucho menos comprueba fidelidad a quien lo eligió. La Constitución exige justamente lo contrario: independencia, imparcialidad y aplicación uniforme del Derecho.
Es precisamente por eso que la controversia merece atención.
Una tropa, dos mandos
El episodio que involucra al canal de WhatsApp Exército do Lula ("Ejército de Lula"), administrado por el diputado André Janones, ofrece a la cinematografía política brasileña una secuencia que Monicelli sin duda habría apreciado.
A partir de cuestionamientos presentados por la campaña de Flávio Bolsonaro, Nunes Marques ordenó la suspensión del canal. Ricardo Villas Bôas Cueva, corregidor general de la Justicia Electoral, adoptó el criterio contrario y ordenó su restablecimiento.
La controversia continuó con nuevos pronunciamientos, exigencias para la regularización del canal y divergencias sobre los fundamentos y la competencia para decidir.
La Presidencia presentó razones vinculadas a la fiscalización de la propaganda electoral y a la regularidad del funcionamiento de la herramienta. Las objeciones a la intervención, a su vez, se refirieron a la suficiencia de los elementos presentados, la proporcionalidad de las restricciones y la distribución de competencias dentro del propio Tribunal.
El 13 de octubre, Cueva retiró la solicitud de someter su decisión anterior al refrendo del Pleno, ante decisiones sobrevinientes, pero reiteró la necesidad de una solución colegiada capaz de delimitar las competencias de la Presidencia y de la Corregiduría General.
La comedia institucional está precisamente ahí: un conflicto que debería resolverse por la autoridad de las reglas termina produciendo una nueva controversia sobre la autoridad encargada de aplicarlas.
En Monicelli, el desorden de la expedición provocaba carcajadas. En la Justicia Electoral, produce inseguridad jurídica.
El feudo imaginario
El Brancaleone original ambicionaba la posesión de un territorio que creía suyo por derecho. Su concepción de la autoridad era típicamente feudal: el poder como conquista, la tierra como patrimonio y la obediencia como extensión natural de la posición de mando.
En la República, nada de eso debería sobrevivir.
La designación de un ministro al Supremo no constituye un vínculo de fidelidad política. La Presidencia del Tribunal Superior Electoral tampoco confiere a su ocupante prerrogativa alguna para administrar ventajas competitivas en favor de una candidatura.
La Constitución no conoce feudos electorales.
Por eso, el debate relevante no gira en torno a las preferencias personales de un magistrado, sino a la consistencia jurídica de sus intervenciones y a la igualdad de trato entre los competidores.
La legitimidad de una decisión no proviene de beneficiar a este o aquel candidato. Proviene de la posibilidad de demostrar que la misma regla se aplicaría, en las mismas circunstancias, a cualquiera de ellos.
Esa es la prueba republicana que ninguna armadura institucional debería eximir.
Al otro lado de las murallas
Mientras la Justicia Electoral administra sus conflictos, las movilizaciones populares en defensa del Estado democrático de derecho vuelven a colocar en el espacio público una cuestión mucho mayor que las atribuciones de una autoridad o el funcionamiento de un canal digital: ¿a quién pertenece la República?
La respuesta constitucional no depende del resultado de una disputa entre ministros.
Las manifestaciones y la controversia judicial no necesitan compartir un mismo origen para revelar dos dimensiones de un problema político: la relación entre instituciones, participación popular y legitimidad democrática.
La sociedad tiene derecho a reivindicar en las calles el rumbo del Estado. A la Justicia Electoral le corresponde asegurar que las distintas fuerzas políticas puedan disputar democráticamente ese rumbo, según reglas previamente establecidas y aplicadas con imparcialidad.
Un canal de comunicación con millones de seguidores no es inmune a la legislación electoral. Su eventual restricción, sin embargo, exige fundamentación suficiente, respeto a la proporcionalidad y observancia de las competencias legales.
El mismo parámetro debe valer para cualquier candidatura.
En plena segunda vuelta, la inestabilidad decisoria adquiere relevancia adicional. La suspensión, el restablecimiento o la imposición de condiciones al funcionamiento de un instrumento de comunicación pueden producir efectos que una decisión posterior no logra neutralizar por completo.
En la política, como en el cine, el tiempo también forma parte de la trama.
Lawfare: el árbitro en el centro del partido
La dimensión más preocupante de esta tragicomedia no está en la personalidad de sus protagonistas, sino en la posibilidad de que conflictos jurisdiccionales interfieran en las condiciones efectivas de la competencia electoral.
La investigación de posibles prácticas de lawfare debe considerar no solo la legalidad formal de las decisiones, sino también la eventual existencia de patrones de selectividad, asimetrías de trato, elección estratégica de procedimientos y uso direccionado de los mecanismos jurídicos.
El episodio del Exército do Lula plantea precisamente esa cuestión: ¿en qué medida una controversia sobre comunicación electoral puede agravarse por disputas internas acerca de las competencias de quien debe resolverla?
El problema es institucional, y sus consecuencias van más allá de los protagonistas de la disputa.
Una democracia no puede depender de la habilidad de sus participantes para descubrir, en cada jugada, qué autoridad está autorizada a pitar.
La República no es un feudo
Monicelli construyó su obra a partir de una contradicción magistral: cuanto más se esforzaba Brancaleone por representar la grandeza de la caballería, más evidente se volvía la precariedad de su empresa.
La grandeza estaba en el discurso. El desorden, en la práctica.
La imagen ofrece una advertencia especialmente oportuna al Brasil de octubre de 2026. No basta con que las autoridades proclamen su compromiso con la democracia, invoquen la armonía institucional y se presenten como guardianas de la legalidad. Es necesario que sus actos sean compatibles con lo que proclaman.
La verdadera autoridad republicana no necesita conquistar territorios electorales ni ganar batallas de competencia contra sus propios pares.
Necesita garantizar que la disputa democrática se desarrolle bajo reglas claras, sin privilegios derivados del origen político de quien ocupa la silla de juez.
Al otro lado de las murallas imaginarias, la sociedad puede recordar una distinción que la historia brasileña insiste en volver necesaria:
La República no es un feudo. La Constitución no es una carta de vasallaje. Y el voto popular no es botín de guerra.
Monicelli hizo una comedia sobre hombres que se imaginaban más grandes que la propia historia.
La versión brasileña nos invita a reflexionar sobre el riesgo de instituciones que se imaginan más grandes que la democracia.
Y, en esta expedición, nadie necesita ganar para que todos pierdan.
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