El dólar, la urna y el espejo
La Abin informa de interferencia estadounidense, Washington financia grupos contrarios al STF y la elección brasileña entra en el radar internacional
Fernando Fagundes Ferreira ·
Pocos días antes de que los brasileños acudieran a las urnas, tres piezas distintas comenzaron a formar un cuadro que ya no puede reducirse al tradicional intercambio de acusaciones entre gobierno y oposición. La primera vino de la inteligencia brasileña. La segunda, de documentos sobre financiamiento del Departamento de Estado estadounidense. La tercera apareció en las páginas de *The New York Times*, que convirtió en titular internacional la preocupación por una eventual interferencia de Donald Trump en la elección presidencial brasileña.
Aisladamente, ninguna de estas informaciones comprueba la existencia de una operación coordinada destinada a determinar el resultado de las urnas. Juntas, sin embargo, justifican una pregunta más seria: ¿hasta qué punto pueden los instrumentos de política exterior producir efectos materiales sobre la competencia política dentro de otro país?
La respuesta exige menos eslóganes y más método.
En septiembre, representantes de Francia y Alemania estuvieron en Brasilia para reuniones que incluyeron a autoridades brasileñas de inteligencia y seguridad digital. Según Reuters, que tuvo acceso a documentos y escuchó a participantes de los encuentros, funcionarios de la Agencia Brasileña de Inteligencia, la Abin, relataron a los europeos la existencia de interferencia de Estados Unidos y Rusia en el proceso electoral brasileño.
El informe de la reunión, según lo descrito por Reuters, registra que los representantes de la Abin caracterizaron la actuación estadounidense como un espectro que iría del *lawfare* a formas de interferencia “abiertamente reconocidas”. La agencia brasileña no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters. El Departamento de Estado estadounidense tampoco comentó específicamente la información y ya había negado previamente que buscara interferir en las elecciones brasileñas. Ningún detalle sobre la presunta actuación rusa fue presentado en el encuentro, según el reportaje.
El dato merece dos cautelas simultáneas.
La primera es periodística: Reuters no demostró de forma independiente la existencia de cada modalidad de interferencia mencionada por los funcionarios brasileños. Lo que documentó fue la realización de las reuniones, el contenido atribuido al briefing de la Abin y la preocupación compartida entre autoridades brasileñas y europeas.
La segunda es institucional: cuando el servicio de inteligencia de un país lleva a gobiernos extranjeros una evaluación de que su elección está sujeta a interferencia externa, la información deja de pertenecer solo al terreno de la retórica electoral. Pasa a integrar la evaluación de riesgo del Estado.
Las delegaciones francesa y alemana estuvieron en Brasilia entre el 9 y el 11 de septiembre. Entre sus objetivos estaba la discusión de respuestas coordinadas ante las elecciones de 2026. Participaron representantes de Viginum, agencia francesa dedicada a la detección de interferencia digital extranjera, de la autoridad francesa de medios Arcom y de la agencia federal alemana responsable de telecomunicaciones. Un funcionario brasileño de ciberseguridad afirmó a Reuters que los ataques cibernéticos en el país casi se habían duplicado en comparación con 2025 y que también había aumentado el número de intentos de intrusión y *phishing* contra la Presidencia de la República, fenómeno que relacionó con el periodo electoral.
Es en ese ambiente donde surge una segunda información.
The *Guardian* reveló que el gobierno Trump destinó más de US$ 175 millones del Human Rights and Democracy Fund, fondo del Departamento de Estado tradicionalmente utilizado para programas de derechos humanos y fortalecimiento democrático, a una nueva cartera de proyectos internacionales. Entre los 43 programas examinados por el periódico estaba una iniciativa de US$ 1 millón titulada “Countering Lawfare and Censorship in Brazil”, destinada a financiar organizaciones de la sociedad civil contrarias a lo que el programa describe como exceso judicial y censura practicados por el Supremo Tribunal Federal.
El programa brasileño no aparece aisladamente. Según los documentos obtenidos por el *Guardian*, la redistribución de los recursos incluyó iniciativas vinculadas al anticomunismo, la inmigración, la regulación digital, la protección de grupos cristianos y la promoción de lo que documentos del gobierno estadounidense llaman “civilización occidental”. Una asesora demócrata del Congreso afirmó al periódico que había bloqueos parlamentarios sobre parte de esos recursos, incluidos programas referentes a Brasil, pero que el secretario de Estado Marco Rubio habría autorizado la obligación de los fondos pese a esas restricciones. El Departamento de Estado dijo que los programas estaban sujetos a los procedimientos federales y a análisis técnico.
Para Brasil, el punto más relevante no es establecer si organizaciones críticas del STF pueden o no recibir financiamiento extranjero. La sociedad civil brasileña recibe recursos internacionales desde hace décadas, provenientes de gobiernos, fundaciones, empresas y organismos multilaterales, para proyectos de las más diferentes orientaciones.
La cuestión es el contexto en que ocurre ese financiamiento.
El programa surge cuando el gobierno estadounidense ya transformó decisiones de tribunales brasileños y la regulación de las plataformas digitales en cuestión oficial de política exterior y comercial. En junio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) concluyó una investigación basada en la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense y afirmó que determinadas prácticas brasileñas perjudicaban intereses comerciales de Estados Unidos. Entre los argumentos utilizados, el organismo citó órdenes de tribunales brasileños dirigidas a plataformas estadounidenses para remoción de contenido político, suspensión de perfiles y aplicación de multas.
En julio, Washington transformó parte de ese diagnóstico en medida económica e impuso un arancel adicional del 25% a determinados productos brasileños. La decisión fue tomada bajo dirección del presidente Trump, según el propio USTR.
Así, una misma disputa pasó a aparecer en diferentes arenas. El comportamiento de los tribunales brasileños fue tratado como problema de libertad de expresión, como obstáculo al comercio digital, como justificación para medidas económicas y, ahora, como objeto de un programa de financiamiento externo destinado a grupos brasileños.
Es justamente en este punto donde la palabra usada por la Abin, *lawfare*, necesita ser examinada en lugar de simplemente reproducida.
Lo que encuentra el Assessment Tool™
El Lawfare4All Assessment Tool™ parte de una premisa simple: una acusación de *lawfare* no puede validarse solo porque alguien utilizó el término. Es necesario observar instrumentos, asimetrías, selectividad, temporalidad, convergencia de acciones y distribución de beneficios y costos.
Aplicado al actual conflicto entre Estados Unidos y Brasil, el primer elemento relevante es la asimetría de poder. Una potencia extranjera dispone de recursos diplomáticos, económicos, financieros y comunicacionales que no se confunden con la capacidad de acción de una organización política doméstica. Esto no vuelve ilegítimo todo involucramiento extranjero, pero significa que sus efectos potenciales necesitan medirse de manera diferente.
El segundo elemento es la selectividad. El financiamiento estadounidense no se destina genéricamente al fortalecimiento del Poder Judicial o al debate sobre libertad de expresión en Brasil. El programa revelado por el *Guardian* define previamente un problema: “lawfare y censura” y “judicial overreach” atribuidos al Supremo Tribunal Federal. El encuadre coincide con una narrativa que ya ocupa posición central en el discurso de sectores de la derecha brasileña y de aliados internacionales del bolsonarismo.
Esa convergencia no prueba coordinación electoral. Pero produce una pregunta factual que puede ser investigada: ¿qué grupos recibirán esos recursos, qué contenidos producirán, qué redes utilizarán para distribuirlos y qué actores políticos resultarán beneficiados por su circulación?
Está también la cuestión del timing. El programa se revela en vísperas de una elección presidencial fijada para el 4 de octubre, exactamente cuando Reuters informa que la Abin venía discutiendo con socios europeos posibles formas de interferencia extranjera. El timing, por sí solo, no establece intención. Pero forma parte del contexto necesario para comprender el impacto.
Finalmente, hay una convergencia de instrumentos. Presión comercial, críticas diplomáticas, disputas que involucran plataformas digitales, sanciones políticas y financiamiento de la sociedad civil son instrumentos diferentes. El trabajo analítico comienza justamente cuando se pregunta si esas acciones funcionan de modo independiente o si, en la práctica, producen presión acumulada en la misma dirección.
El Assessment Tool™ no permite concluir, a partir de los hechos disponibles, que Estados Unidos esté conduciendo una operación centralizada para elegir a Flávio Bolsonaro. La evidencia pública disponible no demuestra ese nexo.
Pero el mismo instrumento tampoco permite tratar cada episodio como si existiera en compartimentos estancos.
Hay una política comercial dirigida a Brasil. Hay un conflicto explícito con decisiones de tribunales brasileños. Hay financiamiento gubernamental estadounidense para grupos que combaten al STF. Hay apoyo político abierto de integrantes de la administración Trump a candidatos y movimientos ideológicamente próximos en diferentes países. Y existe ahora un relato de la inteligencia brasileña según el cual parte de ese conjunto es comprendido internamente como interferencia externa.
La investigación comienza donde termina la certeza.
La fotografía del New York Times
El 1 de octubre, el *New York Times* llevó el tema a su sección internacional con el titular “Some Brazilians Fear Meddling by Trump in Their Coming Election”.
La fotografía elegida por el periódico ayuda a explicar la dimensión política del asunto. Tomada durante una manifestación en São Paulo el 7 de septiembre, muestra una multitud favorable a Flávio Bolsonaro y, por encima de los participantes, una gran representación de Donald Trump sosteniendo una imagen de Lula.
No es una prueba de interferencia.
Es una representación gráfica de una relación política que ya no es ocultada por sus propios participantes.
Esa diferencia importa. Apoyar públicamente a un candidato extranjero no equivale a adulterar urnas, financiar ilegalmente una campaña o conducir una operación clandestina de desinformación. Existen grados, instrumentos y límites diferentes de influencia política externa.
Es justamente esa zona intermedia la que el debate público brasileño aún describe mal.
PIR™: el problema puede estar en el contexto ausente
Es aquí donde el segundo instrumento de Lawfare4All se vuelve útil.
La Public Intelligibility Review, PIR™, no busca solo saber si determinada información es verdadera o falsa. Pregunta si el público recibió contexto suficiente para comprender el significado de la información.
El protocolo trabaja con una secuencia:
FUENTE → CONTEXTO → LENGUAJE → INTERÉS → EVIDENCIA → IMPACTO → ACCIÓN.
En el episodio actual, la fuente incluye documentos del gobierno estadounidense, reportajes de Reuters y del *Guardian*, decisiones del USTR y declaraciones de las instituciones involucradas.
El contexto incluye una elección presidencial, una relación bilateral deteriorada en determinadas áreas, una disputa entre Washington y el Supremo brasileño sobre plataformas digitales y la aproximación ideológica entre Trump y sectores de la derecha brasileña.
El lenguaje exige atención especial. “Libertad de expresión”, “censura”, “defensa de la democracia”, “interferencia extranjera” y “lawfare” no son palabras desprovistas de disputa política. Utilizadas sin definición y sin evidencia, pueden funcionar como conclusiones anticipadas.
Por eso la distinción entre hecho, interpretación e hipótesis necesita permanecer visible.
Es un hecho que el USTR transformó decisiones brasileñas relativas a plataformas en parte de una investigación comercial.
Es un hecho que se anunció una iniciativa de US$ 1 millón para organizaciones que combaten lo que el programa estadounidense caracteriza como *lawfare* y censura en Brasil.
Es un hecho que funcionarios de la Abin, según documentos y fuentes obtenidos por Reuters, presentaron a autoridades europeas una evaluación de que había interferencia estadounidense en el proceso electoral.
Es una interpretación, aún sujeta a demostración, que todas esas acciones formen parte de una operación electoral coordinada.
Esa separación es quizás la principal contribución de una Public Intelligibility Review.
El problema democrático puede surgir tanto cuando se ocultan hechos como cuando hechos verdaderos son conectados por una causalidad que la evidencia todavía no sustenta.
No es necesario elegir entre el STF y Washington
Parte de la dificultad del debate brasileño deriva de una falsa elección.
Cuestionar la actuación externa de Estados Unidos no exige considerar correctas todas las decisiones del Supremo Tribunal Federal. De la misma manera, criticar decisiones del STF no implica aceptar cualquier forma de presión extranjera sobre instituciones brasileñas.
Una democracia debe ser capaz de sostener ambas discusiones al mismo tiempo.
Las decisiones judiciales pueden ser cuestionadas. Las restricciones a la libertad de expresión pueden ser examinadas. Los procedimientos pueden ser criticados y reformados.
Al mismo tiempo, cuando un gobierno extranjero emplea dinero público, instrumentos comerciales y poder diplomático en una disputa institucional doméstica, el país afectado tiene razones legítimas para preguntar cuáles son los objetivos, los destinatarios y los efectos de esa actuación.
Transformar una discusión en la negación de la otra solo empobrece el diagnóstico.
¿Quién captura el beneficio, quién financia el costo?
Hay una pregunta particularmente útil para organizar el caso: ¿quién captura el beneficio y quién financia el costo?
Si los aranceles estadounidenses afectan a productos brasileños, ¿quién absorbe la pérdida económica?
Si organizaciones de la sociedad civil reciben financiamiento externo para disputar la narrativa sobre el STF, ¿quién recibe capacidad adicional de comunicación y organización?
Si decisiones judiciales producen restricciones excesivas, ¿quién soporta el costo sobre la libertad de expresión?
Si acusaciones de interferencia extranjera son utilizadas electoralmente sin sustento suficiente, ¿quién recibe el beneficio político de esa narrativa?
La pregunta necesita funcionar en todas las direcciones.
De lo contrario, el instrumento deja de ser método y se transforma en confirmación de creencias previas.
Es justamente aquí donde el episodio brasileño se vuelve más interesante para el estudio contemporáneo del *lawfare*. El fenómeno quizás no esté restringido al uso de tribunales o procesos penales contra adversarios. La disputa puede involucrar la combinación de instrumentos jurídicos, económicos, financieros, tecnológicos y comunicacionales capaces de alterar el ambiente en el que se toman las decisiones políticas.
Determinar si ese umbral fue traspasado en Brasil exige más evidencia de la que hoy está disponible.
Pero ya existe material suficiente para justificar la investigación.
La inteligencia brasileña relató preocupación por interferencia externa. El gobierno estadounidense incorporó decisiones judiciales brasileñas a su política comercial. Recursos públicos de Estados Unidos fueron destinados a un programa que pretende enfrentar “lawfare y censura” en Brasil. La elección presidencial ocurre en tres días. Y diferentes actores políticos brasileños pueden ganar o perder con cada una de estas iniciativas.
Quizás la pregunta más importante, por lo tanto, no sea si Donald Trump está “interfiriendo” o “no interfiriendo” en las elecciones brasileñas, como si solo hubiera dos posibilidades.
La cuestión más difícil es definir dónde termina la política exterior, dónde comienza la influencia política y en qué momento la combinación de dinero, sanciones, aranceles, tecnología y poder institucional pasa a modificar de manera relevante las condiciones de una elección realizada dentro de otro Estado.
Esa frontera no es simple.
Es justamente por eso que necesita ser examinada antes de que alguien decida, por conveniencia política, dónde debería estar.