De las Diretas Já a las calles de 2026: la disputa por la naturaleza del Estado brasileño
La elección es la circunstancia. La naturaleza del Estado es el objeto de la disputa. Las calles son la expresión social de ese conflicto.
Fernando Fagundes Ferreira ·
En 1984, millones de brasileños ocuparon calles y plazas para exigir el derecho de elegir directamente al presidente de la República. Cuarenta y dos años después, una nueva ola de movilizaciones populares vuelve a plantear una cuestión fundamental para la democracia brasileña: no solo quién ejercerá el poder, sino al servicio de quién será gobernado el Estado.
Las manifestaciones que cobraron fuerza tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 4 de octubre, surgen en un contexto profundamente distinto al que enfrentaron las Diretas Já. Brasil posee una Constitución democrática, realiza elecciones directas y dispone de instituciones formalmente independientes. La amenaza percibida por parte de la sociedad, sin embargo, no exige necesariamente la supresión de esas estructuras. Puede manifestarse mediante su captura progresiva, la instrumentalización de la legalidad y la sumisión de las decisiones públicas a intereses políticos, económicos y criminales.
La comparación con 1984 no depende de equivalencias entre regímenes ni del tamaño de las multitudes. Su fundamento está en la naturaleza de la disputa: en ambos momentos, la movilización popular pone en discusión los límites y la legitimidad del ejercicio del poder.
La elección es la circunstancia. La naturaleza del Estado es el objeto de la disputa. Las calles son la expresión social de ese conflicto.
Las calles van más allá de las campañas
El movimiento que se extendió por el país en los días posteriores a la primera vuelta ganó impulso entre los estudiantes, incluso antes de la reorganización centralizada de las campañas electorales. En Río de Janeiro, miles de universitarios y estudiantes de secundaria participaron en una marcha desde la Candelária hasta Cinelândia. Otras manifestaciones ocurrieron en capitales como Salvador, Porto Alegre y Curitiba, mientras las entidades estudiantiles ampliaban el calendario de actos a decenas de universidades.
La movilización de este domingo, 11 de octubre, representa una nueva etapa de esa articulación. Organizaciones estudiantiles, sindicales y movimientos sociales convocaron manifestaciones en diferentes regiones, incluyendo actos en la Avenida Paulista, en São Paulo, y en el Parque 13 de Maio, en Recife.
Las reivindicaciones incluyen la defensa de la educación pública, los derechos laborales, la soberanía nacional y las instituciones democráticas. El apoyo a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva y la oposición a la candidatura de Flávio Bolsonaro constituyen parte explícita de la movilización, pero no agotan su contenido político.
La transformación de una agenda electoral en una discusión sobre los fundamentos del Estado es el fenómeno central de este análisis.
La sociedad no se moviliza necesariamente solo para sustituir o preservar gobernantes. También puede ocupar el espacio público para establecer límites al ejercicio del poder, reivindicar garantías institucionales y reaccionar ante la percepción de amenazas al régimen democrático.
Es en ese sentido que las manifestaciones de octubre de 2026 deben examinarse: como expresión de un conflicto que atraviesa la disputa presidencial, pero que alcanza cuestiones más amplias sobre el futuro de la democracia brasileña.
El Estado puede ser capturado sin dejar de parecer democrático
La experiencia histórica muestra que la erosión democrática no depende exclusivamente de rupturas institucionales explícitas. El poder puede concentrarse gradualmente, mediante la reducción de los controles públicos, el compromiso de la autonomía de las instituciones y la expansión de redes de influencia incompatibles con el interés colectivo.
En ese proceso, la Constitución no necesita ser formalmente derogada, el Parlamento puede seguir legislando, los tribunales pueden seguir juzgando y las elecciones pueden seguir celebrándose.
La permanencia de los procedimientos, sin embargo, no asegura que las instituciones conserven íntegramente su finalidad democrática.
La cuestión fundamental deja de ser solo la existencia formal de los mecanismos de representación y pasa a incluir la autonomía de las decisiones públicas, la integridad de los procesos políticos y la capacidad de la sociedad de fiscalizar a quienes ejercen autoridad en su nombre.
¿Quién influye en el Estado? ¿Con qué recursos? ¿Mediante qué mecanismos? ¿Bajo qué condiciones de transparencia y rendición de cuentas?
Una democracia pierde sustancia cuando sus instituciones dejan de operar prioritariamente según reglas públicas y pasan a atender, sistemáticamente, a redes particulares de poder.
Es precisamente en esa frontera entre representación política y captura institucional donde se encuentra una de las cuestiones más relevantes del Brasil contemporáneo.
El riesgo de la narcoestatización
La infiltración de organizaciones criminales en las instituciones públicas no es solo un problema de seguridad. Es también una amenaza a la soberanía popular, a la integridad de las elecciones y a la autonomía del propio Estado.
La expresión “narcoestatización” describe un proceso en el cual organizaciones asociadas a mercados ilícitos procuran convertir recursos económicos y poder coercitivo en influencia política y protección institucional.
Ese proceso puede implicar financiamiento clandestino de campañas, corrupción de agentes públicos, control territorial, intimidación de electores, interferencia en nombramientos y participación indirecta en decisiones administrativas.
El riesgo no se limita a una ideología o a un partido. Las organizaciones criminales tienden a buscar oportunidades de influencia donde encuentren acceso a recursos, protección y poder.
El 26 de junio de 2026, el Ministerio Público Electoral divulgó orientaciones para que los partidos políticos adoptaran procedimientos destinados a impedir la infiltración de organizaciones criminales en sus estructuras y candidaturas. La iniciativa reconoce institucionalmente la necesidad de enfrentar la influencia de esas redes sobre la representación política.
Ese reconocimiento es importante: la criminalidad organizada no amenaza la democracia solo por la violencia que ejerce fuera de las instituciones, sino también por la posibilidad de penetrar en los mecanismos destinados a representar y proteger a la sociedad.
El concepto de narcoestatización no significa que Brasil ya esté íntegramente sometido al crimen organizado. Permite, sin embargo, investigar los mecanismos mediante los cuales intereses ilícitos pueden ampliar progresivamente su poder sobre las estructuras públicas.
La diferencia es decisiva. Un Estado no necesita haber sido completamente capturado para que el proceso de captura constituya un riesgo institucional relevante.
La disputa por la legalidad
La preservación de las instituciones también exige examinar cómo se utilizan los instrumentos jurídicos en las disputas por el poder.
El concepto de “lawfare”, entendido como utilización estratégica de mecanismos jurídicos para alcanzar objetivos políticos o económicos mediante desviaciones de finalidad, permite investigar situaciones en que la legalidad puede ser instrumentalizada.
No se trata de confundir la aplicación legítima de la ley con persecución política. Al contrario: la distinción depende de la identificación de irregularidades, selectividad indebida, violaciones de garantías y utilización de competencias públicas para finalidades incompatibles con el ordenamiento jurídico.
La cuestión adquiere relevancia particular en contextos de captura institucional, en los cuales la apariencia de normalidad legal puede dificultar la identificación de los intereses efectivamente beneficiados por las decisiones públicas.
La autoridad formal no es suficiente para asegurar legitimidad democrática.
Una investigación, un juicio, una decisión administrativa o una medida regulatoria deben examinarse también en relación con su fundamentación, transparencia, proporcionalidad y conformidad con las garantías constitucionales.
La democracia exige más que instituciones capaces de ejercer poder. Exige instituciones capaces de justificar públicamente su ejercicio.
Las Diretas Já y la soberanía popular
En 1984, Brasil vivía bajo una dictadura militar y la elección presidencial directa permanecía impedida. La Enmienda Dante de Oliveira se convirtió en el principal instrumento legislativo de una reivindicación que superaba las fronteras partidarias.
Las manifestaciones reunieron a trabajadores, estudiantes, artistas, movimientos sociales y liderazgos políticos en proporciones extraordinarias. Según registros históricos de la Cámara de Diputados, el mitin de abril de 1984, en el Vale do Anhangabaú, en São Paulo, reunió aproximadamente 1,7 millones de personas.
La propuesta de restablecimiento de las elecciones directas fue rechazada en la Cámara el 25 de abril, pese a los 298 votos favorables. Faltaron 22 votos para alcanzar el quórum constitucional necesario.
La derrota legislativa, sin embargo, no puso fin al significado histórico del movimiento.
Las Diretas Já contribuyeron a modificar la correlación de fuerzas políticas, debilitar el sostén del régimen militar y consolidar la participación popular como elemento central de la transición democrática.
Su principal aporte fue demostrar que la soberanía popular no depende solo de los procedimientos institucionales existentes. También se manifiesta en la capacidad de la sociedad de reivindicar cambios en los propios mecanismos de ejercicio del poder.
La diferencia entre 1984 y 2026 es evidente. La población brasileña ya dispone del derecho al voto directo para presidente. La discusión actual, por lo tanto, no se trata de conquistar ese procedimiento, sino de preservar las condiciones institucionales para que continúe representando efectivamente la voluntad popular.
En 1984, la sociedad reivindicaba la democratización de la elección del gobierno. En 2026, las manifestaciones permiten replantear la discusión sobre la preservación de la naturaleza democrática del Estado.
El miedo y la movilización colectiva
Los movimientos sociales no surgen solo en respuesta a derechos ya perdidos o instituciones ya destruidas. También se forman ante la percepción de amenazas futuras.
El miedo, en ese contexto, no es necesariamente expresión de pasividad. Puede funcionar como elemento de movilización colectiva, especialmente cuando diferentes grupos reconocen riesgos compartidos a las condiciones de su existencia política y social.
La preocupación por los derechos sociales, la preservación de las universidades públicas, las libertades civiles, la soberanía nacional y la integridad institucional componen un campo de reivindicaciones que supera la administración cotidiana del gobierno.
La creciente articulación entre estudiantes, trabajadores, organizaciones civiles y movimientos políticos indica que el debate electoral se conecta con expectativas más amplias sobre el futuro del país.
La interpretación de estas manifestaciones como reacción a la amenaza de transformación de la naturaleza del Estado encuentra sentido en esa convergencia de preocupaciones.
Esto no exige que todos los participantes utilicen el mismo vocabulario político ni compartan una definición única sobre las amenazas existentes. Las movilizaciones históricas suelen reunir demandas distintas en torno a cuestiones estructurales comunes.
El elemento decisivo está en el paso de la preocupación individual a la manifestación pública, de la percepción de riesgo a la acción colectiva.
La democracia no termina en las urnas
Las elecciones presidenciales del 25 de octubre decidirán la composición del próximo gobierno federal, pero no pondrán fin a los problemas relacionados con la influencia del crimen organizado, la autonomía de las instituciones y la calidad de la representación democrática.
Ningún resultado electoral, aisladamente, sustituye la necesidad de control público, transparencia, rendición de cuentas y participación social.
La disputa por la naturaleza del Estado continúa independientemente de la alternancia entre gobiernos, porque involucra las condiciones estructurales del ejercicio del poder.
Las Diretas Já demostraron que la sociedad brasileña es capaz de transformar la defensa de la soberanía popular en un movimiento de alcance histórico. Las manifestaciones de octubre de 2026 recolocan esa tradición de participación pública ante amenazas y preocupaciones propias de otra coyuntura.
La comparación entre ambos momentos no consiste en declarar que la historia se repite. Consiste en reconocer la permanencia de una cuestión que atraviesa diferentes etapas de la democracia brasileña: la capacidad de la sociedad de determinar los límites, la finalidad y los destinatarios del poder político.
En 1984, el pueblo salió a las calles para conquistar el derecho de elegir a quien gobernaría. En 2026, las calles replantean una pregunta igualmente fundamental: ¿qué naturaleza tendrá el Estado gobernado por aquellos que el pueblo elija?
Porque una democracia no se define solo por quién ocupa el poder, sino también por los intereses a los que ese poder responde.
La elección es la circunstancia. La naturaleza del Estado es el objeto de la disputa. Las calles son la expresión social de ese conflicto.