Cuando el periodismo elige el humo: Banco Master, desinformación y narcoestatización regulatoria
Lawfare4All ·
Hay una forma de desinformación más sofisticada que la mentira. No necesita falsificar documentos, inventar personajes o fabricar datos inexistentes. Basta con elegir el ángulo equivocado. Basta con desplazar el centro de gravedad de la noticia. Basta con transformar lo accesorio en protagonista y empujar lo esencial a la penumbra.
Es en este punto donde cierto periodismo deja de informar y pasa a organizar la distracción pública.
El contenido publicado por Lauro Jardim sobre los gastos del PT y del PL en impulsos en Facebook, tras la revelación del audio que involucra a Flávio Bolsonaro y Daniel Vorcaro, es un ejemplo casi didáctico de este mecanismo. La nota informa que el PT habría gastado R$ 514 mil en publicaciones en Facebook desde que el episodio salió a la luz, mientras que el PL habría desembolsado solo R$ 13 mil en el mismo período. También señala que, en los últimos 30 días, el partido de Lula habría invertido R$ 1,4 millones en anuncios sobre temas sociales, elecciones o política, contra R$ 63 mil de la agrupación de Jair Bolsonaro.
Los datos pueden ser incluso verdaderos. Pero la verdad factual de un dato no garantiza la honestidad del encuadre. La pregunta decisiva es otra: ¿por qué este dato se convirtió en noticia central ante la dimensión del escándalo Banco Master?
El caso Banco Master no es, en esencia, una disputa de impulso digital entre partidos. No se trata de saber quién puso más dinero para promover publicaciones, quién reaccionó más rápido en las redes o quién supo explotar mejor la oportunidad política abierta por una crisis financiera. Ese es el nivel elemental de la cuestión —y quizás ni eso. El caso atraviesa el sistema financiero, la política, los órganos de control, las relaciones entre dinero y poder, los mecanismos de supervisión bancaria y la propia capacidad del Estado para distinguir mercado, influencia, protección institucional y crimen sofisticado.
Es en este punto donde emerge una categoría más incómoda: narcoestatización regulatoria.
No se trata, aquí, de afirmar necesariamente la presencia directa del narcotráfico en el episodio. La expresión describe una lógica. La narcoestatización regulatoria ocurre cuando prácticas típicas de economías ilícitas —opacidad, blindaje de intereses, lavado reputacional, captura de agentes, compra de influencia, intimidación simbólica, negociación permanente de la responsabilización y transformación del castigo en costo operacional— pasan a contaminar los mecanismos formales de regulación pública.
Es cuando lo ilícito deja de ser excepción y comienza a funcionar como variable administrable del poder económico.
Esta es la cuestión de fondo. Y es mucho mayor que una hoja de gastos con anuncios en Facebook.
Cuando un escándalo financiero de grandes proporciones es rebajado a una comparación entre impulsos del PT y del PL, el periodismo opera un cambio de marco. La noticia deja de preguntar quién se benefició, quién protegió, quién fiscalizó mal, quién se omitió, quién influyó, quién negoció, quién fue blindado y qué estructuras permitieron que el engranaje funcionara. En su lugar, ofrece al lector una pregunta mucho más cómoda: ¿quién gastó más para disputar la narrativa?
Esta es la fabricación de lo irrelevante.
No porque el impulso político sea, en sí mismo, irrelevante. En determinados contextos, puede ser un tema legítimo. El problema está en colocarlo como eje interpretativo de un episodio cuya gravedad reside en otra dimensión. Lo accesorio pasa a ocupar el lugar de la estructura. La espuma sustituye al océano. La disputa comunicacional sustituye la investigación del poder.
La nota informa que, en la fecha en que se revelaron las negociaciones entre Flávio Bolsonaro y Vorcaro para financiar la película Dark Horse, el PT habría pagado cerca de R$ 350 mil en publicaciones en las que Lula pedía una investigación rigurosa sobre el caso Master y una punición ejemplar “independientemente de quién sea”. Por su parte, el PL habría impulsado una publicación en la que cuestionaba si “se volvió un crimen financiar películas”.
Este contraste, presentado como noticia, desvía la atención hacia la performance discursiva de los partidos. El lector es llevado a observar el teatro de las reacciones, no la ingeniería del escándalo. El foco deja de ser el Banco Master y pasa a ser la batalla simbólica en torno al Banco Master.
Es una operación de metadiscurso: en lugar de discutir el hecho, se discute la comunicación sobre el hecho. En lugar de profundizar el escándalo, se mide el volumen de la propaganda sobre el escándalo. En lugar de investigar el engranaje, se comenta el humo.
Este es uno de los modos más eficientes de la desinformación contemporánea.
La desinformación moderna no opera solo por la falsedad explícita. También actúa por la jerarquía artificial de los hechos. Un dato verdadero puede producir una percepción engañosa cuando ocupa un lugar desproporcionado en la narrativa. Una noticia puede ser técnicamente correcta y, aun así, servir a la desorientación pública. El problema no radica solo en lo que se dice. Está en lo que se promueve como importante.
Los grandes medios conocen bien este mecanismo. A lo largo de décadas, aprendieron a transformar estructuras en episodios, conflictos económicos en disputas personales, captura institucional en crisis de imagen, corrupción sistémica en intercambio de acusaciones partidarias. Es una técnica de domesticación del escándalo. Lo que debería provocar un sacudimiento institucional se convierte en consumo político de baja intensidad.
El caso Banco Master, tratado como guerra de impulsos, deja de ser una pregunta sobre el Estado y pasa a ser una ronda más de la polarización. Lula contra Bolsonaro. PT contra PL. Gobierno contra oposición. Este encuadre es conveniente porque entrega al público una narrativa lista, familiar, digerible. Pero es justamente ahí donde reside el veneno.
La polarización, en este caso, funciona como biombo. Detrás de ella, pueden permanecer intocados los circuitos financieros, los mecanismos de protección, las omisiones regulatorias, los pactos silenciosos, los blindajes selectivos y las zonas grises en las que el poder económico aprende a negociar con la ley como quien negocia tasas de interés.
La narcoestatización regulatoria comienza exactamente en este punto: cuando la ley deja de aparecer como límite y pasa a funcionar como obstáculo preciable. Cuando el castigo deja de ser consecuencia moral e institucional y se convierte en un ítem de planilla. Cuando la responsabilización puede ser negociada, parcelada, administrada, convertida en daño reputacional temporal o acuerdo conveniente. Cuando el crimen sofisticado aprende a vestir traje, contratar pareceres, patrocinar eventos, circular por Brasilia y hablar el lenguaje limpio de la gobernanza.
Este es el punto que el periodismo debería perseguir con hambre investigativa.
Pero, en lugar de eso, el contenido elige otro camino: transformar el escándalo en noticia sobre el impulso. Es como si, ante un incendio en un edificio público, el periódico decidiera investigar quién compró más panfletos para comentar el humo.
Esta elección editorial no es neutra. Ningún encuadre periodístico es neutro. Toda noticia organiza la mirada. Todo titular distribuye importancia. Todo énfasis construye una pedagogía silenciosa sobre lo que merece indignación y lo que debe ser olvidado.
Cuando el foco se desplaza del núcleo financiero-regulatorio a la disputa publicitaria entre partidos, el resultado es una especie de anestesia democrática. La sociedad pasa a seguir los escándalos como quien sigue marcadores de marketing. ¿Quién ganó la narrativa? ¿Quién se volvió más viral? ¿Quién gastó más? ¿Quién respondió mejor? Mientras tanto, las preguntas sustantivas quedan en el camino.
¿Quién creó las condiciones para el escándalo? ¿Quién lucró? ¿Quién se omitió? ¿Quién reguló mal? ¿Quién protegió? ¿Quién fingió no ver? ¿Quién transformó el riesgo sistémico en oportunidad privada? ¿Quién convirtió el daño público en cálculo financiero?
Estas preguntas no encajan bien en el periodismo de superficie, porque incomodan demasiado. Atraviesan partidos, bancos, reguladores, oficinas, operadores, intermediarios, columnistas, relaciones de influencia y estructuras de poder que prefieren permanecer sin nombre.
Por eso, la crítica aquí no es solo al texto específico. Es al modelo de cobertura que representa.
Los grandes medios frecuentemente reivindican para sí el monopolio de la racionalidad pública contra la desinformación de las redes. Pero también deben ser analizados como productores de desinformación por encuadre. No la desinformación grotesca, primaria, de cadena de WhatsApp. Sino la desinformación elegante, editorializada, escrita con barniz de entretelones y perfume de exclusividad.
Esta desinformación de élite no grita. Sugiere. No inventa necesariamente. Selecciona. No falsifica siempre. Reordena. No necesita negar el escándalo. Basta con cambiar el tema principal.
Es una tecnología política de la atención.
En el caso Banco Master, esta tecnología aparece cuando el escándalo es capturado por la lógica de la guerra narrativa. La nota informa el gasto de los partidos, compara números, destaca estrategias y sugiere una disputa de comunicación. Todo esto puede parecer periodismo político normal. Pero, en el contexto de un caso mucho mayor, el efecto es reducir la densidad pública del episodio.
La noticia pasa a funcionar como cortina lateral. No esconde completamente el escenario, pero desvía la mirada hacia el movimiento de los figurantes.
La pregunta fundamental, por lo tanto, no es si el PT gastó más que el PL. Esa pregunta interesa a la contabilidad de la comunicación partidaria. Puede generar una nota, un gráfico, curiosidad, un comentario de entretelones. Pero no debería superponerse al tema mayor: la posible existencia de un ecosistema de influencia capaz de tensar los límites entre legalidad, regulación, mercado e impunidad.
Este ecosistema es el verdadero objeto de interés público.
La narcoestatización regulatoria no nace cuando un criminal invade el Estado por la puerta trasera. Nace cuando prácticas de excepción comienzan a ser normalizadas por la puerta principal. Cuando el mercado captura el lenguaje de la legalidad. Cuando la regulación se vuelve demasiado permeable al poder económico. Cuando el castigo de los grandes se transforma en negociación y el castigo de los pequeños sigue siendo la cárcel.
Ahí reside la brutal selectividad del sistema.
Para algunos, acuerdo. Para otros, prisión. Para algunos, multa negociada. Para otros, flagrante televisado. Para algunos, delación, fuero, abogado caro y blindaje reputacional. Para otros, camión de policía.
Es en este abismo donde la democracia se pudre.
Y es en este abismo donde el periodismo debería arrojar luz, no humo.
Cuando la cobertura elige la espuma partidaria en lugar de la estructura financiera, contribuye a preservar lo esencial fuera del campo de indignación. El público es llevado a reaccionar al gasto en anuncios, no a la arquitectura de poder que permitió el escándalo. La energía crítica es drenada hacia la polarización. El escándalo se convierte en munición. El engranaje permanece.
Este es el triunfo de la desinformación por desplazamiento.
No se trata de defender al partido A o B. El punto es anterior y más grave: cuando un escándalo financiero de magnitud institucional se convierte en disputa de impulso digital, la sociedad pierde la oportunidad de comprender lo que realmente está en juego. Y aquello que no se comprende difícilmente será enfrentado.
Al final, la pregunta que queda no es “¿quién gastó más en Facebook?”.
La pregunta es mucho más incómoda: ¿quién se beneficia cuando el escándalo principal deja de ser el escándalo principal?
Esta pregunta debería abrir la investigación. En el periodismo domesticado, generalmente cierra la conversación.
Y quizás sea exactamente por eso que necesita ser repetida. Porque, en tiempos de guerra informacional, la primera trinchera de la democracia es la disputa por el foco. Quien controla el foco controla la indignación. Quien controla la indignación controla la presión pública. Quien controla la presión pública controla la posibilidad de responsabilización.
En el caso Banco Master, hablar solo de impulso es aceptar que el humo reemplace al incendio.
Y cuando el humo se convierte en titular, el engranaje lo agradece.
Nota de fuente: este artículo analiza críticamente un contenido periodístico de Lauro Jardim sobre gastos políticos con impulso tras la emergencia del audio Flávio Bolsonaro-Daniel Vorcaro y del caso Banco Master. Los valores citados se atribuyen a aquel reportaje y deben leerse como reportados por la fuente original.