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Brasil, 2030: la anatomía de un infierno anunciado
Consejo Editorial ·
No es solo una elección presidencial lo que está en disputa. Es la naturaleza del Estado brasileño, su relación con los ciudadanos, la distribución de sus responsabilidades y el destino de las instituciones que deberían proteger a la sociedad frente a los abusos del propio poder.
El programa de gobierno de Flávio Bolsonaro no presenta simplemente una alternativa administrativa a la actual gestión federal. Sus lineamientos, examinados en conjunto, trazan una transformación mucho más profunda: reducción de estructuras públicas, flexibilización de las relaciones laborales, transferencia de responsabilidades sociales a individuos y familias, militarización de parte de la educación y ampliación extraordinaria de los instrumentos estatales de vigilancia y represión.
La promesa es de prosperidad, eficiencia y libertad. La arquitectura propuesta, sin embargo, apunta hacia un Estado progresivamente menos comprometido con la protección económica y social de la población y cada vez más poderoso en su capacidad para disciplinarla, monitorearla y castigarla.
No necesitamos adivinar el futuro para demostrar el problema. Basta con examinar los mecanismos anunciados, contrastarlos con experiencias conocidas y seguir la progresión lógica de sus efectos, considerando incluso las condiciones necesarias para que funcionen conforme a las promesas de campaña.
El ejercicio propuesto en este artículo consiste en suponer que Flávio Bolsonaro gane las elecciones, obtenga respaldo parlamentario y logre implementar los principales lineamientos de su programa entre 2027 y 2030. Lo que se estará modificando no será solo la composición del gobierno, sino el equilibrio entre protección social, libertad individual, poder económico y autoridad estatal.
Es en ese equilibrio donde una democracia se sostiene o comienza a desaparecer.
1. El Ministerio de la Prosperidad y la pobreza transformada en emprendimiento
La campaña presentó la propuesta de crear un Ministerio de la Prosperidad, que reuniría asistencia social, capacitación y estímulo al emprendimiento. También anunció una regla de transición de dos años relacionada con Bolsa Família, posteriormente aclarada como un mecanismo de protección para los beneficiarios que aumenten sus ingresos, y no como la extinción automática del programa al cumplirse ese plazo.
La distinción es necesaria, pero no agota la discusión. El problema está en presentar la transición hacia la autonomía económica como una operación administrativa, sin demostrar suficientemente las condiciones materiales necesarias para que ocurra.
El pequeño emprendedor necesita consumidores, capital, mercado, infraestructura, crédito adecuado y capacidad para soportar períodos de ingresos insuficientes. Ninguna de esas condiciones surge automáticamente porque el gobierno haya decidido estimular la apertura de negocios. El financiamiento de una actividad económica tampoco elimina el riesgo de fracaso: solo añade una nueva responsabilidad financiera al problema de los ingresos.
Si el Estado pasa a tratar el emprendimiento como solución prioritaria a la vulnerabilidad social, debe demostrar cómo impedirá que familias ya debilitadas asuman riesgos que no están en condiciones de soportar. De lo contrario, la protección pública comienza a ser sustituida por la responsabilización individual, transfiriendo al ciudadano la carga de superar circunstancias económicas que con frecuencia exceden su capacidad de intervención.
El indicador de éxito no puede ser simplemente la cantidad de familias que dejan de recibir transferencias sociales, sino cuántas efectivamente alcanzan ingresos suficientes, estabilidad financiera y condiciones de vida duraderas.
Reducir administrativamente la pobreza no significa necesariamente superarla. Y transformar al pobre en emprendedor no elimina las estructuras económicas que lo hicieron pobre.
2. El SUS no necesita convertirse en el Albert Einstein. Necesita financiamiento.
La promesa de acercar el SUS al estándar de calidad del Hospital Israelita Albert Einstein estuvo acompañada de propuestas de historia clínica electrónica integrada, telemedicina y modernización de los servicios. El discurso sugiere una gran transformación tecnológica, pero una parte considerable de los mecanismos anunciados ya forma parte de las políticas públicas brasileñas.
La Red Nacional de Datos de Salud y Meu SUS Digital desarrollan mecanismos de intercambio e interoperabilidad de información clínica. Curitiba ofrece otro ejemplo importante con Saúde Já, un sistema que reúne funcionalidades de acceso a información del paciente, programación de citas, resultados y seguimiento de solicitudes. La participación complementaria de prestadores privados también forma parte del modelo constitucional del SUS, conforme a las condiciones legales aplicables.
Nada de esto significa que la integración esté concluida o que los servicios funcionen adecuadamente en todos los municipios. Significa que el verdadero desafío no consiste en inventar una estructura enteramente nueva, sino en perfeccionar y financiar el sistema existente.
La historia clínica electrónica puede informar que determinado paciente necesita un especialista, pero no crea el cupo de atención. La telemedicina puede ampliar el alcance de determinadas consultas, pero no sustituye todos los procedimientos presenciales. La inteligencia artificial puede ayudar en los diagnósticos y las decisiones administrativas, pero no construye hospitales, no contrata equipos médicos ni realiza cirugías por disposición presupuestaria.
Si la modernización tecnológica no viene acompañada de financiamiento suficiente para ampliar la capacidad de atención, el país solo perfeccionará la administración de la demanda sin resolver la insuficiencia de los servicios.
La pregunta que Flávio Bolsonaro debe responder es concreta: ¿cuánto pretende invertir adicionalmente en la expansión efectiva de los servicios del SUS, de dónde saldrán los recursos y cómo se compatibilizará esa ampliación con el ajuste fiscal anunciado?
Brasil no necesita únicamente saber con precisión cuántas personas esperan tratamiento. Necesita disponer de las condiciones materiales necesarias para atenderlas.
3. Un millón de cámaras: el Gran Hermano también reconoce a los enemigos del rey
El programa propone una expansión considerable de la infraestructura de seguridad pública, que incluye 500 mil nuevas plazas penitenciarias, cinco nuevas prisiones federales y más de un millón de cámaras inteligentes integradas a sistemas de identificación.
La finalidad declarada es fortalecer la lucha contra el crimen, pero la dimensión de esta estructura exige examinar no solo su eficacia operativa, sino también las nuevas capacidades que pone a disposición del Estado.
Una prisión no representa únicamente la inversión necesaria para construir sus instalaciones, pues requiere gastos permanentes en personal, seguridad, alimentación, salud y mantenimiento. Del mismo modo, una cámara inteligente no es simplemente un equipo instalado en la calle. Cuando se integra a sistemas de reconocimiento facial y bases de datos, permite identificar individuos, cruzar información y reconstruir sus desplazamientos.
La tecnología que identifica a un prófugo de la Justicia también puede identificar a participantes en manifestaciones, integrantes de organizaciones sociales, periodistas, sindicalistas y adversarios políticos. Su funcionamiento no distingue, por naturaleza, al delincuente del ciudadano que ejerce legítimamente un derecho constitucional. Esa distinción depende de las reglas de uso, de la finalidad de los accesos y de la existencia de supervisión independiente.
La expansión de esta infraestructura requiere auditorías independientes, protección de datos, registro y trazabilidad de las consultas, restricciones rigurosas de finalidad y mecanismos efectivos de rendición de cuentas y atribución de responsabilidades. Sin esas garantías, la capacidad de observar a la sociedad crece más rápido que la capacidad democrática de controlar a quienes operan esos sistemas.
Hay, por lo tanto, una pregunta que debe preceder a cualquier celebración por la instalación de un millón de cámaras: ¿quién impedirá que la estructura construida para identificar delincuentes sea utilizada para identificar a quienes desagradan al gobernante?
El Gran Hermano no necesita saber quién es delincuente para reconocer a los enemigos del rey.
4. El voucher elige donde hay mercado. La escuela militarizada enseña a obedecer.
La propuesta educativa combina la expansión de las escuelas cívico-militares, mecanismos de financiamiento asociados a resultados y vouchers para acceder a servicios privados cuando la oferta pública sea insuficiente.
La primera contradicción aparece en la promesa de libertad de elección. Las experiencias internacionales, especialmente las de Chile y Suecia, ofrecen advertencias sobre la segregación educativa y las dificultades para convertir la competencia entre establecimientos en una mejora generalizada del aprendizaje.
El problema fundamental está en la diferencia entre la lógica de mercado y la universalidad del derecho a la educación. La oferta privada depende, entre otros factores, de la viabilidad económica, mientras que la obligación pública de atención alcanza también a localidades aisladas, comunidades de bajos ingresos y estudiantes cuyas necesidades requieren inversiones superiores al promedio.
Un voucher no construye automáticamente una escuela donde no existe atractivo económico, así como tampoco garantiza que la familia pueda complementar el monto que eventualmente cobre el establecimiento privado. La libertad de elegir depende de la existencia de alternativas reales, y la expansión de esas alternativas exige planificación, regulación y financiamiento.
La segunda dimensión de la propuesta plantea una cuestión de naturaleza institucional. La militarización escolar se anuncia como un instrumento de disciplina y mejora de los resultados, aunque la contribución efectiva de ese modelo al aprendizaje debe demostrarse mediante evaluaciones rigurosas, capaces de considerar las diferencias previas entre los establecimientos comparados.
Los militares y policías tienen una formación profesional específica, que no equivale automáticamente a la preparación pedagógica necesaria para trabajar con niños y adolescentes. Su designación para funciones escolares también exige criterios públicos de selección, verificación de su situación laboral, transparencia en las remuneraciones y mecanismos capaces de impedir que esos puestos se utilicen para reubicar personal por conveniencia administrativa o favorecer intereses políticos.
Pero la discusión va más allá de la gestión de personal. La educación democrática debe formar individuos capaces de comprender reglas, respetar derechos, convivir con las diferencias y cuestionar legítimamente a la autoridad. La incorporación de estructuras jerárquicas militares a la vida escolar exige cuidados especiales para que la disciplina no se transforme en conformismo político y la autoridad del gobierno estatal no se confunda con un referente ideológico que los estudiantes deban reverenciar.
La escuela pública no existe para producir consumidores de servicios privados ni súbditos disciplinados del gobernante de turno. Su finalidad es formar ciudadanos libres, incluso para discrepar de quienes los gobiernan.
5. La libertad de negociar. ¿O la libertad de aceptar?
La flexibilización de las relaciones laborales se presenta como un instrumento para reducir los costos de contratación y ampliar las oportunidades de empleo. El problema está en tratar la relación entre empleado y empleador como si ambos tuvieran condiciones equivalentes de negociación.
Una empresa puede buscar a otro profesional, reorganizar equipos y distribuir riesgos entre distintas operaciones. El trabajador que depende íntegramente de su salario debe seguir pagando alquiler, alimentación, transporte y gastos familiares, incluso cuando la negociación fracasa. Esa desigualdad estructural explica la existencia de los sindicatos y la importancia de la negociación colectiva.
La individualización de las relaciones laborales, cuando no está acompañada de garantías suficientes, debilita la capacidad de los empleados para presentar reivindicaciones y reduce la eficacia de los mecanismos colectivos de protección. No es necesario extinguir formalmente los sindicatos para vaciarlos de contenido, pues su pérdida de relevancia puede derivarse de la sustitución progresiva de la negociación colectiva por contratos individualizados.
La reducción de los costos de reemplazar empleados también debe examinarse a la luz de los incentivos que introduce en la organización empresarial. Si contratar y despedir trabajadores se vuelve económicamente más conveniente, la rotación tenderá a encontrar condiciones favorables en los sectores donde mantener vínculos duraderos deje de ser una prioridad.
El costo social de esa inestabilidad no termina en la contabilidad de las empresas. Acompaña al trabajador hasta su casa, condiciona decisiones de consumo, dificulta la asunción de compromisos financieros e introduce en la organización familiar una preocupación permanente por la continuidad de los ingresos. La perspectiva de perder el empleo pasa a funcionar como un instrumento adicional de presión sobre quien necesita conservarlo a cualquier costo.
¿Y los servidores públicos?
El programa también promete dar continuidad a la reforma administrativa, pero no aclara suficientemente qué cambios pretende realizar en las garantías de ingreso y permanencia en el servicio público. La eliminación universal de los concursos y de la estabilidad no puede presentarse como una medida expresamente anunciada, pero el precedente de la PEC 32/2020 hace indispensable exigir respuestas sobre el alcance de la reforma pretendida.
El concurso público es una garantía de impersonalidad que limita la transformación de los empleos estatales en instrumentos de recompensa política. La estabilidad, por su parte, protege el ejercicio independiente de las funciones públicas, sin impedir la atribución de responsabilidades ni la pérdida del cargo en los supuestos legalmente previstos.
Imagine a un auditor que identifique irregularidades que involucren a aliados del gobernador, a un inspector ambiental que deba sancionar a una empresa políticamente influyente o a un servidor responsable de denunciar desvíos de recursos. Si la continuidad de sus vínculos laborales pasa a depender de la conveniencia de superiores políticos, no será solo la seguridad profesional lo que estará comprometido, sino la independencia de la propia administración.
La precarización del trabajo privado debilita la autonomía económica del ciudadano. El debilitamiento de las garantías institucionales de los servidores afecta también la capacidad del Estado para resistir las presiones de quienes lo gobiernan temporalmente.
En ambos casos, la pregunta es la misma: ¿quién gana poder cuando el individuo se vuelve progresivamente más reemplazable?
6. El Gran Tijeretazo: Argentina como laboratorio y Brasil como escala
La promesa de reducir las estructuras estatales, eliminar al menos diez ministerios, recortar gastos y reformar la administración pública exige un examen que no puede terminar en la presentación de los ahorros previstos.
La desaparición de un ministerio no elimina automáticamente las responsabilidades públicas que estaban bajo su competencia. Del mismo modo, reducir gastos administrativos no garantiza, por sí solo, los recursos necesarios para financiar la expansión penitenciaria, la infraestructura tecnológica, los servicios esenciales y los demás compromisos anunciados en el propio programa.
La experiencia argentina bajo Javier Milei ofrece una referencia concreta sobre los costos sociales que pueden acompañar a los procesos acelerados de ajuste económico, aunque las condiciones nacionales y las políticas de los dos candidatos no sean idénticas.
En el primer semestre de 2024, durante el choque inicial del ajuste argentino, la pobreza alcanzó al 52,9% de la población relevada por el INDEC, mientras que la indigencia llegó al 18,1%. Posteriormente, los indicadores retrocedieron, pero el primer semestre de 2026 todavía registró un 32,3% de pobreza y un 7,5% de indigencia en los 31 aglomerados urbanos relevados.
Sería incorrecto ignorar la recuperación observada después del choque inicial, así como sería intelectualmente deshonesto borrar la dimensión humana de aquel período en nombre de los resultados macroeconómicos posteriores.
La diferencia de escala entre ambos países ayuda a comprender el problema. Con aproximadamente 214,2 millones de habitantes, Brasil tiene una población unas 4,6 veces mayor que la argentina, estimada en 46,5 millones.
Si aplicáramos hipotéticamente a la población brasileña la tasa de pobreza registrada en el punto máximo del choque argentino de 2024, llegaríamos a aproximadamente 113,3 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, de las cuales casi 38,8 millones estarían por debajo de la línea de indigencia.
Incluso utilizando las tasas argentinas más recientes, la simulación equivaldría a aproximadamente 69,2 millones de brasileños pobres y 16,1 millones en situación de indigencia.
No se trata de una previsión estadística para 2030, ni tampoco de equiparar automáticamente metodologías nacionales distintas. El cálculo proporcional demuestra la dimensión humana que índices semejantes representarían en un país de la escala de Brasil.
La insuficiencia de ingresos compromete la alimentación, la vivienda, la educación, el acceso a tratamientos, la planificación familiar y las perspectivas de movilidad social. Sus efectos atraviesan generaciones y no desaparecen automáticamente cuando mejoran los indicadores fiscales.
El trabajador desempleado no dispone de ministerios domésticos que pueda eliminar. Un niño no puede suspender sus necesidades alimentarias mientras espera la recuperación económica, así como una familia endeudada no puede aplazar indefinidamente sus obligaciones hasta que los beneficios de una reforma se reflejen en sus ingresos.
La experiencia argentina nos obliga, por lo tanto, a examinar aquello que la retórica del Tijeretazo deja en segundo plano: ¿quién soportará los costos de la transición, durante cuánto tiempo y mediante qué mecanismos de protección?
Si la contracción de determinados gastos públicos no se compensa con una expansión efectiva de la actividad económica y con políticas sociales adecuadas, la población se verá presionada a buscar más protección precisamente cuando el Estado esté reorganizando su capacidad de ofrecerla.
Una política económica que equilibra las cuentas gubernamentales mediante la transferencia de costos insostenibles a millones de familias no ha resuelto necesariamente el problema fiscal. Puede haber simplemente trasladado su dimensión más cruel al interior de los hogares de los trabajadores.
7. La reforma del Poder Judicial y la cooptación general: el riesgo de institucionalizar el lawfare
La reorganización propuesta para el Poder Judicial debe examinarse dentro de una cuestión institucional más amplia: ¿qué mecanismos impedirán que el gobierno responsable de la reforma utilice las nuevas estructuras para ampliar su propia influencia sobre los órganos encargados de fiscalizarlo?
Limitar las decisiones unipersonales, revisar las competencias del Supremo Tribunal Federal y discutir los criterios de designación de sus magistrados son temas legítimos de reforma institucional. Ninguna de esas medidas representa, por sí sola, una cooptación política, pero su implementación exige garantías que impidan sustituir la independencia judicial por la conveniencia de quien detenta temporalmente el poder.
La controversia contemporánea en torno a decisiones de la Justicia Electoral, incluso aquellas que involucran a magistrados designados durante el gobierno de Jair Bolsonaro, refuerza la necesidad de esta discusión. Las decisiones favorables a determinado candidato no prueban automáticamente parcialidad, pero cualquier patrón de trato desigual exige transparencia, fundamentación consistente y posibilidades efectivas de control.
El problema, sin embargo, no se limita al STF o al TSE. La integridad democrática depende también de la independencia del Ministerio Público, la Policía Federal, las policías estatales, los órganos de inteligencia, los órganos de control disciplinario, los tribunales de cuentas, la Receita Federal, el Coaf, la CGU y las demás estructuras de investigación y fiscalización.
Estas instituciones deben disponer de condiciones para examinar irregularidades cometidas incluso por el gobierno responsable de la designación de sus dirigentes. Cuando los nombramientos, las prioridades de investigación, la distribución de competencias, los presupuestos y los mecanismos disciplinarios pasan a responder predominantemente a criterios de fidelidad política, el funcionamiento formal de las instituciones puede permanecer intacto mientras su independencia efectiva se deteriora.
Una investigación deja de avanzar, un informe pierde prioridad, un órgano de control disciplinario actúa selectivamente o una estructura de inteligencia concentra su atención en determinados grupos. La captura institucional no exige necesariamente la suspensión de la Constitución, pues también puede desarrollarse mediante la utilización estratégica de procedimientos aparentemente regulares.
Es en ese terreno donde el lawfare encuentra condiciones para convertirse en un mecanismo permanente de ejercicio del poder.
Si la instrumentalización política de investigaciones y procesos representa una amenaza para la democracia, esa amenaza no desaparece simplemente porque quienes los operan o se benefician de ellos pasen a integrar otro grupo político. Combatir el lawfare exige garantías universales de imparcialidad, juez natural, debido proceso legal, prevención de conflictos de interés, transparencia y atribución de responsabilidades por desviaciones de finalidad.
Una reforma que reorganice el sistema judicial sin establecer salvaguardas adecuadas contra su utilización política no elimina el problema. Modifica las condiciones de su reproducción.
La narcoestatización regulatoria
La captura institucional adquiere consecuencias aún más graves cuando se examina en relación con el crimen organizado.
Un Estado capturado no necesita necesariamente tener delincuentes ocupando ostensiblemente sus principales puestos de mando. Su deterioro también puede producirse a través de redes de influencia que conectan intereses económicos ilícitos, agentes políticos y sectores de las instituciones encargadas de fiscalizarlos.
La existencia de esas conexiones debe demostrarse mediante una investigación, y no presumirse a partir de afinidades partidarias. Pero es precisamente por eso que preservar la independencia de las estructuras de investigación y control constituye una exigencia central de la lucha contra el crimen organizado.
La narcoestatización regulatoria, como hipótesis crítica, describe un proceso en el que la capacidad coercitiva del Estado crece al mismo tiempo que sus mecanismos de fiscalización se vuelven vulnerables a la selectividad y a la captura por intereses particulares, eventualmente criminales.
En ese escenario, la expansión de las prisiones y de los sistemas de vigilancia no garantiza una lucha efectiva contra las organizaciones criminales. El Estado puede volverse extraordinariamente eficiente para identificar y castigar a pequeños infractores, mientras enfrenta dificultades persistentes para alcanzar a los financiadores, los beneficiarios económicos y las redes de protección institucional de las actividades ilícitas.
La gravedad de esta hipótesis aparece cuando relacionamos los distintos componentes del programa. Una infraestructura nacional de reconocimiento facial amplía la capacidad de identificación de la población; el debilitamiento de las garantías laborales reduce la resistencia de determinados agentes públicos a las presiones jerárquicas; y la reorganización de los mecanismos judiciales y de fiscalización, si no preserva su independencia, compromete precisamente las estructuras responsables de impedir abusos.
El resultado extremo de esta convergencia es un Estado altamente equipado para vigilar a la sociedad e institucionalmente vulnerable a la protección selectiva de intereses poderosos.
No es necesario afirmar que esa sea la intención declarada del candidato para exigir que su programa presente garantías concretas contra ese resultado.
La prueba democrática de cualquier reforma no está en la fuerza que proporciona al gobierno para enfrentar a sus adversarios, sino en la capacidad que preserva en las instituciones para impedir que el propio gobierno abuse de su poder.
El lawfare es para todos. La justicia, no.
8. Brasil, diciembre de 2030: la naturaleza del Estado
Llegamos al punto en que las propuestas dejan de representar iniciativas aisladas y pasan a revelar una concepción de la organización social.
Se incentiva al ciudadano a asumir individualmente riesgos económicos antes amortiguados por mecanismos de protección colectiva. El trabajador enfrenta relaciones contractuales más vulnerables a la inestabilidad, mientras que la representación sindical debe preservar su relevancia ante la ampliación de las formas individualizadas de negociación. El servidor público ve nuevamente puesto en discusión el alcance de sus garantías institucionales, y la educación pasa a combinar instrumentos de mercado con modelos administrativos de inspiración militar.
El sistema de salud recibe promesas de modernización tecnológica, pero sigue enfrentando la pregunta decisiva sobre el financiamiento necesario para ampliar efectivamente la oferta de atención. Al mismo tiempo, el Estado anuncia una expansión extraordinaria de sus estructuras penitenciarias y de vigilancia, acompañada de propuestas de reorganización judicial y administrativa cuyas consecuencias dependerán de las salvaguardas institucionales que se preserven.
El problema central está en la relación entre estos movimientos. La reducción de la capacidad de protección social, cuando se asocia con la ampliación de las capacidades de control estatal, modifica la distribución del poder entre gobernantes y gobernados.
Esa es la naturaleza de la transformación en discusión.
La democracia no se reduce a la celebración periódica de elecciones, así como la libertad no puede medirse únicamente por la cantidad de responsabilidades que el Estado transfiere a los individuos. Una sociedad democrática necesita asegurar condiciones materiales mínimas de existencia, mecanismos colectivos de representación e instituciones suficientemente independientes para proteger a los ciudadanos, incluso frente a quienes ejercen legítimamente el gobierno.
La tragedia social que identificamos no deriva de una medida aislada, sino de la convergencia entre decisiones que debilitan la protección económica, amplían la exposición de las familias a la inestabilidad y concentran capacidades de control en las estructuras estatales.
Una tragedia de esta naturaleza no necesita anunciarse como objetivo político. Puede construirse metódicamente mediante decisiones presentadas, de manera aislada, como instrumentos de eficiencia, libertad, disciplina y seguridad.
Lo que está en juego, por lo tanto, no es elegir entre un Estado grande y un Estado pequeño, sino determinar para quién será fuerte, para quién estará ausente y ante qué intereses dejará de ejercer sus obligaciones constitucionales.
Brasil no necesita un Estado mínimo para proteger a sus ciudadanos y máximo para vigilar sus pasos, mucho menos una Justicia cuya independencia termine donde comienzan las conveniencias del gobernante.
Una sociedad puede recuperar indicadores fiscales, modificar estructuras administrativas y reemplazar a dirigentes políticos. Recuperar la confianza en las instituciones, la autonomía económica de las familias y las oportunidades perdidas por una generación entera constituye una tarea mucho más difícil.
Por eso, la elección de 2026 debe comprenderse en su verdadera dimensión. No estamos discutiendo solo cambios de gobierno, sino decisiones capaces de redefinir las relaciones entre poder, ciudadanía y derechos fundamentales.
Es la naturaleza del Estado lo que está en juego, en una disputa cuyas consecuencias, para millones de brasileños, pertenecen al terreno concreto de la vida o la muerte.
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Porque el brasileño necesita ingresos para comprar el café, salud para seguir bebiéndolo, educación para construir su propio futuro e instituciones democráticas que impidan que su existencia se transforme en una variable de ajuste económico o en un objeto de vigilancia política.